Por Arturo Trinelli

 

La polémica por los fondos que reclama Córdoba a la Nación derivó en una presentación formal del gobernador De la Sota ante la Corte Suprema. Los pedidos de la provincia se originaron por un objetivo específico -cómo sostener el deficitario sistema previsional local- para luego devenir en críticas políticas generales a la gestión de la Presidenta Cristina Fernández. Fotos de De la Sota con dirigentes políticos opositores, guiños hacia Hugo Moyano y desfile en programas del monopolio Clarín comenzaron a desandar un camino que, por más que se intente, parece difícil de circunscribir ahora a un tema previsional. “Las provincias preexisten a la Nación”, afirman constitucionalistas que denuncian permanente la vulneración de las instituciones. “El federalismo está siendo peligrosamente transgredido”, suscriben economistas que advierten sobre una presunta tendencia al centralismo del Gobierno Nacional, que estaría buscando disciplinar políticamente a las provincias no alineadas aumentando la discrecionalidad en el envío de recursos.

Lo cierto es que, más allá de las especulaciones políticas que se hayan sucedido luego, detrás del reclamo cordobés entran en juego argumentos vinculados a la equidad previsional, la coparticipación de impuestos y los sistemas tributarios provinciales. Entendiendo que el problema es mucho más complejo de como lo presentan los eternos voceros del establishment, confusión que promueven quienes dan amplia cobertura a todo aquel que manifieste oposición al kirchnerismo, vayamos al intento de analizar cada uno de estos puntos.

 Córdoba y su caja previsional

En diciembre del 2009, el entonces gobernador mediterráneo, Juan Schiaretti, firmó un convenio de armornización previsional junto al Ministro de Economía, Amado Boudou, y al titular de la Anses, Diego Bossio. Fruto de ese convenio, la Anses se comprometía a girar $ 1.650 millones a la provincia durante los dos años siguientes, toda vez que esta adaptara su sistema previsional a pautas nacionales, a fin de reducir su déficit.

El acuerdo se cumplió hasta fines del 2010, cuando la Anses dejó de enviar dinero por considerar que Córdoba no estaba cumpliendo su parte del acuerdo. Hasta ese momento, las transferencias acumuladas rondaban los $ 600 millones, razón por la cual el monto en disputa de la actualidad es de $ 1040 millones.

Según datos de la propia caja de jubilaciones de la provincia, hay 92 mil jubilados que dependen de la caja provincial. Pero el número de aportantes es de 172 mil, lo que redunda en 1,8 aportante por jubilado. Pagar el 82% móvil hace que la provincia incurra en un déficit cada vez más abultado, que este año llegaría a los $ 1.240 millones. El esquema sólo es sostenible con un ratio de 4 aportantes por jubilado, más del doble del vigente en la actualidad. Como está claro que eso no es posible, el Gobierno Nacional le exigió a Córdoba ir adecuando su situación para que su sistema previsional sea compatible con el nacional, algo que la provincia ahora niega, por lo cual se decidió provisoriamente no continuar enviando los fondos hasta tanto no se respeten las pautas del acuerdo suscripto hace tres años.

Córdoba continúa sosteniendo la jubilación mínima en $ 2500, cuando la nacional, incluyendo el último aumento, llega a los $ 1982. Pero además de sostener una mínima más elevada que la jubilación que paga la Anses - y requerir, en paralelo, su asistencia financiera para mantenerla- otro aspecto que provoca una distorsión notable entre el sistema provincial y nacional refiere al cálculo en función del cual se establece el haber inicial. Mientras que la Nación contempla los últimos diez años, la provincia toma el promedio salarial del último año de trabajo del postulante para la jubilación. Córdoba se había comprometido en su momento a llevar ese cálculo a diez años, para ubicarlo en sintonía con el nacional, pero sin embargo lo amplió hasta cuatro y nunca más lo retocó.

 La rebelión fiscal

Otro eje importante de disputa, ligado al anterior, tiene que ver con el 15% de coparticipación de impuestos que Nación y provincias ceden a la Anses como contribución para la Seguridad Social, consecuencia del Pacto Fiscal de 1992. Córdoba, al igual que el resto, suscribió ese compromiso que acaba de ser revocado por su Legislatura, a instancias del oficialismo local.

De la Sota ahora pretende la restitución de ese 15% de la coparticipación. Si la Corte se expidiera a favor del reclamo, en verdad lo que se estaría haciendo es que el 86% de los jubilados de la provincia- que son los que cobran por Anses- financien el 82% móvil que el 16% de los jubilados estatales cordobeses perciben mes a mes. Así, De la Sota promueve la inequidad previsional en su provincia acusando al Gobierno de obligarlo a bajar las jubilaciones: no es que el Gobierno pretenda un ajuste de las jubilaciones de los estatales cordobeses, tal como suscribe el gobernador y repiten al unísono los medios dominantes, sino que se niega a financiar con recursos de todos los argentinos al porcentaje minoritario de los jubilados locales que cobran por encima de la mayoría. “Respetamos la posibilidad de que cada provincia tenga su propio régimen previsional, lo que negamos es tener que asistirlas financieramente sin que estas concurran en una armonización compatible con el régimen nacional”, afirma Bossio.

Con el pretexto de necesitar de esos recursos para cubrir el déficit de la caja provincial, el gobierno de De la Sota estudiaba- al cierre de esta nota- formalizar una nueva presentación ante la Corte para lograr una restitución de ese porcentaje. En un nuevo capítulo de judicialización de la política, algunos miembros de la Corte, como el Juez Zaffaroni, ya han manifestado su crítica a que este tipo de disputas busquen dirimirse en la Justicia y no puedan resolverse políticamente.

Sistema tributario cordobés

Pero la cuestión de la coparticipación introduce también al análisis de la capacidad recaudatoria de cada provincia. Según un reciente estudio del Instituto Argentino para el Desarrollo de las Economías Regionales (IAER), el 83% de lo que recaudan las provincias proviene de impuestos como Ingresos Brutos y Sellos, íntimamente ligados a la actividad económica y a sus oscilaciones. Si bien desde el 2003 el crecimiento de la economía permitió una mayor recaudación, la desaceleración de los últimos meses como consecuencia de la crisis ha afectado la recaudación tributaria en algunos distritos.

Ciertamente, esta circunstancia relegó la reconsideración sobre los impuestos en cada provincia y cómo hacer para aumentar la recaudación propia. Criticar al Estado Nacional por no enviar fondos suficientes termina siendo la opción más tentadora. Pero ¿se trata de un Estado que retacea recursos- como suele presentarse el tema en los medios dominantes- o hay provincias que cuentan con sistemas tributarios que no aumentan la presión fiscal sobre los sectores que mayor capacidad contributiva tienen?

Las acusaciones que en este sentido formula De la Sota parecerían contradecir los indicadores que surgen de la propia Contaduría General de la provincia, y vendrían a desmitificar esta suerte de “despotismo” económico que denuncian los gobernadores más comprometidos económicamente para deslindar responsabilidades. La estadística indica que casi 133 mil millones de pesos fueron los que durante los últimos años recibió Córdoba de manos de la Nación. En el período 2003-2011, los fondos transferidos a la provincia representan un promedio del 114% del presupuesto provincial ejecutado, lo que significó un adicional por año de $ 16.157 millones.

Por otro lado, se sabe: siempre resulta antipática la generación de impuestos nuevos, y los más poderosos son en general los últimos en ser alcanzados por ellos. En el 2004, el 64% de la recaudación propia de Córdoba provenía de Ingresos Brutos y un 24% del Impuesto Inmobiliario. La diferencia entre lo recaudado por uno y otro tributo se incrementó notablemente hacia el 2011: 81% en el primer caso y 7% en el segundo. Esto significa que la dirigencia política local, en los últimos años, relegó el debate respecto de la regresividad de su estructura impositiva al calor de las mayores transferencias recibidas del Gobierno Nacional, muchas de ellas en forma directa (subsidios, AUH, obra pública, etc.) y otras más recientes, como resultar beneficiada por el Plan Federal de Desendeudamiento anunciado en el 2011, lo que evitó a Córdoba el desembolso de más de 1.000 millones de pesos en dos años, resultando la segunda provincia más favorecida, después de Buenos Aires.

Conclusiones

No debe confundirse el planteo de un problema estructural, como la regresividad del sistema tributario - que desde luego demandaría reconsideraciones para mejorarlo, aumentando el peso de impuestos sobre bienes personales en vez de aquellos que gravan al consumo y la producción - con un reclamo que tiene detrás especulaciones políticas con vistas a reagrupamientos electorales, además del manejo mediático para construir una figura política alternativa al kirchnerismo. En ese sentido, la demanda de Córdoba carece de todo sustento si no se interpreta desde esa perspectiva, con el objetivo de De la Sota, y de los medios dominantes que lo apuntalan, de visibilizar su perfil opositor de cara a las legislativas del año próximo, en un intento desesperado por encontrar un candidato que pueda hacer sombra a un proyecto político que, a casi diez años de iniciado, se encuentra más vivo que nunca.