Por: Patricio Solimano, Director de la Lic. en Ciencias del Ambiente (UNRN)

Si existe algo común en los tiempos que corren en Argentina, son las grietas. Esta forma de encarar la discusión vacía de contenido el debate lo que, claramente, favorece la construcción de la derecha, generalmente incapaz de generar contenido.  La dialéctica de la grieta termina pintando de blanco y negro las construcciones pragmáticas en los territorios, que implican miles de matices y complejidades, logrando que el opuesto no tenga que poner esfuerzo, verdad, ni conceptos en juego, sino tan solo ser “el otro”.

Me gustaría hablar de  una de las tantas grietas que se está ensanchando en nuestros días, la que divide “ambientalismo” y “desarrollo”; entendiendo como “ambientalismo” a los individuos o grupos que se preocupan por los problemas ambientales y por “el desarrollo” esa bolsa de cosas, buenas, malas y regulares que, a propósito, se mezclan para seguir hablando de crecimiento económico nada más.

En los últimos tiempos se ha construido una dicotomía entre estos dos conceptos, lo que hace que cualquier proceso, proyecto o plan de desarrollo sea, sin conocer causa u orígenes, rechazado de raíz por cualquiera de los lados de esta grieta; ya sea una ley de humedales o una mina de oro.

Lo importante, como siempre, es la forma pragmática de esta guerra que llega a los territorios.  La disputa que quieren plantear se puede resumir entre obtener mejores o algún trabajo, que por una cascada virtuosa, podrían transformarse en educación, salud y bienestar o sea “el desarrollo” y, del otro lado de la grieta, se lo contrapone con una peor calidad ambiental, agua contaminada, terremotos, venenos en nuestra sangre, cáncer y “la muerte”. Así, la mayoría de la sociedad es dejada en el medio para que elija, se pelee y construya la grieta sin profundizar una salida. Así planteada, esta disputa no tiene ninguna razón de ser y es –seguramente- de las batallas más inmorales que se le puedan endilgar a la sociedad.

Seguramente hemos llegado a este punto por una compleja historia de lo ambiental, formas de pensar la economía, la producción, tecnologías y, entre otras cosas, cómo se llevaron adelante las políticas asociadas “al desarrollo”.  Para centrar la historia en pocos párrafos  -en cuestiones macro- se puede decir que la agenda ambiental dentro del desarrollo fue vista en sus inicios como un gasto que debía ser externalizado, perspectiva que cambió con el tiempo, pero no lo suficiente. Postulados tales como nuestro destino común, los principios establecidos en la Eco 92 de ONU, y el concepto de “desarrollo sustentable”, se han transformado en estructuras vacías.  Lograron que se cambien palabras y se generen agendas pero  poco hicieron por cambiar las relaciones de fuerza y las políticas que definen el modelo de desarrollo vigente: cómo nos relacionamos con nuestro entorno, quienes se hacen cargo y quienes soportan las “externalidades” negativas. Después de 50 años esto sigue sucediendo, con el nuevo Trato Verde, la Agenda 21, la Economía Verde. Los adjetivos no mejoran el contenido de la política, lo que hace que la grieta no se cierre ni un centímetro.

Por otro lado, no hay que negar que las ONG´s -de nombre extranjero principalmente- tengan una política anti-desarrollo y colonialista, con visiones poéticas de lo ambiental y coloniales en lo social; visiones que no incluyen a las personas, aunque planteen lo contrario. A la vista está que varios funcionarios del anterior gobierno (claramente de derecha, colonial, etc) salieron de sus filas. Sin contar que muchas de estas ONG´s internacionales tienen sus gastos corporativos. Por ejemplo, sus CEOs, con grandes sueldos en países centrales, donde se piensan las políticas y se esfuman importantes sumas y no donde los problemas ambientales suceden, donde se deberían pensar las acciones y donde se debería invertir el dinero. Además, estos CEOs, muchas veces, fueron ex-gerentes de las grandes empresas contaminadoras. También hay que pensar que, en sus políticas coloniales, traen una agenda científica vacía de cambios reales; una agenda más bien objetivista y alejada de los problemas estructurales que llevan al conflicto socio-ambiental.

Como siempre, entre la grieta y en el abismo, quedan las organizaciones del territorio que lidian con el problema; quedan los cuerpos contaminados y los ríos; las promesas de trabajo. Si consideramos que no hay acción humana que no afecte el ambiente, quedamos, también, todos nosotros. Pequeño lío en el que nos metimos.

Ahora bien, hay que observar donde está el principal problema y solución a este conflicto. Y, como sucede en muchos casos, está en el rol del Estado. El rol del Estado, centralmente en la relación entre la producción y el ambiente, es fiscalizar, tener la capacidad para impedir que exista impacto ambiental. El problema ahora es que la sociedad no cree que el Estado tenga la capacidad para impedir el impacto, ya sea por déficits técnicos, de gente, presiones corporativas o por ceguera a la hora de evaluar la falsa dicotomía ambiente vs trabajo.

Los empresarios y funcionarios deben observar este problema, ya que la distancia es tan grande, que cada vez será más difícil obtener la licencia social de cualquier emprendimiento; cada vez serán vistos con peores ojos, hasta la mínima modificación del ambiente no será admitida. Llegará un momento que levantar una piedra de una montaña generará revueltas en cada pueblo que este cerca de la misma. Si seguimos este camino es viable llegar a esta encrucijada. Haciendo del proceso de desarrollo real, con visión nacional y popular, de generación de bienes y de obtención de recursos algo imposible.

Por esto es que hay que fortalecer todos los estamentos ambientales: justicia, municipios, secretarias y ministerio. Porque ahí está el eje central de la cuestión.; si ellos no pueden impedir el daño, fiscalizar el desarrollo de los emprendimientos y su funcionamiento, la gente no aceptará que los mismos se implanten en su territorio, ya sea por trabajo, educación o salud.

Por esto Juan Cabandié tiene razón cuando plantea que finalizar los fuegos en el delta es función de la justicia, ya demasiadas veces del lado del poderoso.  También acierta cuando plantea que la Provincia tiene que hacer de ese ecocidio piel y sentirse agredida; y que no se puede hacer sobre las cenizas del monte nativo una ruta en Córdoba. Es que, si mostramos que incendiando nada pasa, estamos dando la razón a quienes esgrimen que el Estado no tiene la capacidad. Es necesario, entonces, que el Estado muestre capacidad de velar por un desarrollo integral, donde lo ambiental sea eje central, junto a la educación, la salud y el bienestar económico.

La agenda de lo ambiental debe estar en fortalecer el dialogo, incrementar las herramientas de gestión y fiscalización, hacer valer el derecho a un ambiente sano y repensar el desarrollo. La justicia tiene que ponerse a tono con una problemática actual, evolucionar y empezar a entender que el futuro depende de que podamos avanzar en armonía con el ambiente, hacia un desarrollo real e inclusivo. Es vital pensar los territorios y nuevos actores en esta relación, incorporando a las Universidades y al sector científico en la fiscalización. Por ejemplo en la evaluación y aprobación de los estudios de impacto ambiental de las empresas, las Universidades que están inmersas en el territorio, tienen el termómetro de las sociedades que habitan en ellos, porque están constituidas por estas.

Si deseamos salir del colonialismo económico y si queremos un buen desarrollo para la sociedad, con tierra, techo y trabajo, es imprescindible mejorar la relación que hay entre el desarrollo y el ambiente. El Estado que viene tiene que demostrar que está a la altura para que esto se lleve adelante, entendiendo que es inmoral poner trabajo o salud como una grieta, y que el futuro implica velar por un ambiente sano y un desarrollo igualitario. Hacer bien las cosas por parte de los empresarios, los trabajadores, y el Estado, es menester ya que una división en los caminos que debemos llevar adelante en este sentido, nos llevan a un pozo donde la resistencia en los territorios se incrementara y no habrá plan viable.

*Las opiniones y/o ideas expresadas en esta trabajo, no representan necesariamente las opiniones y/o posiciones de la Universidad Nacional de Río Negro.