Por: Héctor  Bernardo y Lilibet Enriquez

En una decisión muy cuestionada, el pasado el lunes 9 de noviembre, el Parlamento de Perú destituyó al presidente Martín Vizcarra por supuesta “incapacidad moral permanente”. El mandatario fue acusado de haber recibido sobornos cuando era gobernador de Moquegua, entre los años 2011 y 2014. En medio de protestas ciudadanas, denuncias de golpe parlamentario y una violenta represión, asumió la presidencia Manuel Merino, quien era titular del Congreso.

Durante los próximos ocho meses Merino gobernará Perú, hasta que asuma (en julio próximo) quien resulte ganador de las elecciones convocadas para abril. El centroderechista del partido Acción Popular, ya había intentado llegar a la presidencia hace dos meses, en un anterior proceso de destitución de Vizcarra, que en ese momento fracasó por falta de votos. Ahora lo consiguió con el respaldo de diversas agrupaciones, incluido el fujimorismo, que votaron en el Congreso deponer a Vizcarra por corrupción. Los principales líderes y legisladores de esas agrupaciones también enfrentan acusaciones por corrupción.

La crisis institucional y política de Perú no es nueva. Ahora, se suma también la grave situación sanitaria y económica generada por la pandemia del coronavirus, que ya acumula más de 900 mil contagios y alrededor de 35 mil muertos, y continúan las denuncias de corrupción que involucraban a gran parte del ámbito político y judicial, generando un enorme descrédito y una crisis de representación.

En 2018, Pedro Pablo Kuczysnki (que había sido elegido presidente para el período 2016 – 2021) presentó su renuncia cuando avanzaba el juicio político en su contra, y su vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió el Ejecutivo. Las tensiones con el Legislativo controlado por el fujimorismo estallaron rápidamente.

En septiembre pasado, Vizcarra decidió disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas (a realizarse en enero de 2020). En respuesta, los legisladores votaron la suspensión de Vizcarra por doce meses por supuesta “incapacidad moral”, anunciaron el inicio de un juicio político en su contra y nombraron como presidenta interina a Mercedes Aráos, quien era en ese momento vicepresidenta de la nación. Veinticuatro horas después de su “nombramiento”, Aráos presentó su renuncia y reclamó que las elecciones de enero no sean solo legislativas, sino generales.

Ahora, el mismo Vizcarra ha sido acusado de haber cobrado sobornos a dos empresas constructoras cuando era gobernador. La acusación se basa en testimonios que están en investigación y en proceso de corroboración, pero igualmente fue destituido por el Congreso peruano, cuando 105 de los 130 miembros del Congreso votaron a favor de la destitución del presidente, superando ampliamente los 87 que se necesitaban.

Vizcarra enfrenta el mismo destino de sus predecesores en la presidencia de Perú. Con él ya son seis los mandatarios de ese país con procesos judiciales:

- Pedro Pablo Kuczysnki (2016-2018), quien renunció a su cargo cuando avanzaba sobre él un juicio político por denuncias sobre su participación en hechos de corrupción vinculados al escándalo de Odebrecht, y en abril de ese año fue detenido.

- Ollanta Humala (2011-2016), con prisión preventiva, acusado de hechos de corrupción.

- Alan García (2006-2011), se suicidó cuando iba a ser detenido, acusado de estar involucrado en hechos de corrupción.

- Alejandro Toledo (2001-2005): procesado por hechos de corrupción

- Alberto Fujimori (1990-2000), preso por crímenes de lesa humanidad.