Por: Lilibet Enriquez y Héctor Bernardo

 

El próximo 11 de abril será un domingo electoral en varios países de la región latinoamericana.  Dos de ellos, Ecuador y Perú, votarán a sus nuevos mandatarios, mientras Chile elegirá alcaldes, concejales, gobernadores regionales y las y los constituyentes que van a conformar la Convención Constitucional.

Ecuador tendrá la segunda vuelta electoral, para votar al próximo presidente del país entre el candidato del correismo y ganador en primera vuelta, Andrés Arauz, y banquero ultraderechista Guillermo Lasso. También se elegirá mandatario en Perú, donde ninguna de las 17 candidaturas a presidente supera el 11% de intención de voto y la mayoría del electorado rechaza a las figuras políticas que se registraron. Chile elegirá gobernadores, alcaldes y concejales y a 155 constituyentes que redactarán la nueva Carta Magna de ese país, que finalmente desterrará la Constitución pinochetista que rige en la nación.

[Ecuador, entre el progresismo y el neoliberalismo]

En Ecuador avanza el cronograma del proceso electoral de cara a la segunda vuelta para elegir al presidente del país suramericano, entre el ganador de la primera vuelta, Andrés Arauz (coalición Unidos por la Esperanza, UNES), y el banquero de la alianza del partido CREO y el Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso.

Cuatro años después de la traición de Lenin Moreno, quien arrasó con el desarrollo económico y social de la Revolución Ciudadana, el país andino votará entre el modelo neoliberal y entreguista encarnado en Lasso o un gobierno soberano y progresista que representa el candidato del correísmo, Arauz.

Luego de la primera vuelta del 7 de febrero último, los datos preliminares daban  al candidato del partido Pachakutik, Yaku Pérez, como el segundo candidato más votado. Luego de conocerse los resultados oficiales, que concluyeron que sería Lasso quien disputaría la presidencia del país en el ballotage, el líder indígena denunció fraude electoral y exigió al CNE el reconteo del total de los votos de la Provincia de Guayas y el 50% de otras 16 Provincias.  

Mientras los ojos estaban puestos en esto, por otro lado acusaban a la Revolución Ciudadana de haber recibido financiamiento del grupo insurgente colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) para su campaña. Las pruebas eran un falso video y una supuesta información extraída de la computadora de “Uriel”, un líder de esa guerrilla asesinado por el ejército.

Esta semana, sectores políticos ecuatorianos condenaron la solicitud de la Contraloría para realizar una auditoría al sistema informático del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador. Los denunciantes sostienen que el pedido del contralor, Pablo Celi, viola las normas, ya que el ente fiscalizador no tiene atribuciones para revisar o actuar en el proceso electoral.

Con respecto a ello, Arauz denunció que peligra la realización de la segunda vuelta a raíz de la injerencia de entidades del Estado en el proceso electoral y rechazó la “interferencia y la grosera intromisión de otras instituciones del Estado en la función electoral”. Luego, Unes anunció la interposición de una demanda  a la fiscal general Diana Salazar y al contralor Celi por “intromisión en temas electorales”.

Desde la red social Twitter, el candidato del correísmo alertó que “la fecha de segunda vuelta del 11 de abril no se debe mover y exigimos que todas las funciones del estado se pronuncien públicamente en cumplir el calendario electoral”.

En ese sentido, la Internacional Progresista (IP), integrada por intelectuales y políticos a nivel mundial, alertó sobre “el golpe a la democracia” que se gesta en Ecuador luego de las elecciones generales y la intención de posponer la segunda vuelta y extender la permanencia en el Gobierno del actual mandatario

El comunicado, firmado por más de 60 personalidad, entre ellos, el intelectual estadounidense Noam Chomsky y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel asegura que “las fuerzas reaccionarias –tanto dentro de Ecuador como en todo el hemisferio– están dirigiendo una campaña sucia y deshonesta para eliminar a Arauz, retrasar las elecciones y prevenir la formación de un bloque progresista, indígena y feminista”.

[Perú, la gran crisis política]

La crisis institucional y política de Perú no es nueva. Los últimos mandatarios de ese país están detenidos, procesados o destituidos. Ahora, se suma también la grave situación sanitaria y económica generada por la pandemia del coronavirus, que ya acumula 1.3 millones de contagios y supera los 45.000 muertos, y continúan las denuncias de corrupción que involucraban a gran parte del ámbito político y judicial, generando un enorme descrédito y una crisis de representación.

El 17 de noviembre último, cuando Francisco Sagasti asumió como presidente interino, se convirtió en el tercer jefe del Estado en poco más de una semana y el cuarto en lo que va del actual período quinquenal de Gobierno.  Sagasti se comprometió a llevar al país a elecciones generales para elegir un nuevo mandatario y a los miembros del parlamento, luego de asumir la presidencia tras la destitución de Manuel Merino, quien tuvo que renunciar en menos de una semana, ante un masivo rechazo popular  y las protestas en su contra.

Esta ha sido la historia de los anteriores mandatarios de ese país en las últimas décadas:  Martín Vizacarra (2018-2020), destituido por el Congreso y acusado de corrupción; Pedro Pablo Kuczysnki (2016-2018), renunció a su cargo cuando avanzaba sobre él un juicio político por denuncias sobre su participación en hechos de corrupción vinculados al escándalo de Odebrecht, y en abril de ese año fue detenido; Ollanta Humala (2011-2016), con prisión preventiva, acusado de hechos de corrupción; Alan García (2006-2011), se suicidó cuando iba a ser detenido, acusado de estar involucrado en hechos de corrupción; Alejandro Toledo (2001-2005), procesado por hechos de corrupción; Alberto Fujimori (1990-2000), preso por crímenes de lesa humanidad.

Para los comicios de este 11 de abril, se registraron 17 candidaturas a la presidencia, aunque no hay preferencia marcada por ninguna y ningún candidato llega a más del 11% de intención de voto, según coinciden las encuestadoras.  Además, los sondeos muestran el desinterés de los peruanos por las elecciones y el creciente rechazo a las figuras políticas de ese país.

De los 17 candidatos, solo ocho no tienen antecedentes judiciales o investigaciones en curso en la Fiscalía. Según las encuestas, el nivel de rechazo general a los candidatos llega al 70% y al menos la mitad del electorado aseguró que votaría en blanco o anularía su voto. Así, será electo un mandatario o mandataria con poquísima representatividad.

A menos de dos meses de la fecha prevista para la elecciones, el candidato que lidera las encuestas, el exfutbolista y exalcalde del distrito de La Victoria (Lima), George Forsyth, apenas llega al 11% de intención de voto, seguido por Jonhy Lescano con el 10%, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Verónica Mendoza (Nuevo Perú) con el 8% y Daniel Urresti con 7%. 

Forsyth había quedado fuera des elecciones a principios de este mes por decisión  del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima, porque el candidato omitió datos sobre sus ingresos por acciones que tiene en diferentes empresas, en los documentos presentados para formalizar su candidatura, según el informe de esa entidad.  Además, explicaron que había  información sobre sus ingresos que eran “inconsistentes” con los que tenía cuando era alcalde.

[Chile, en camino hacia una nueva Constitución]

En Chile, más de 14 millones de personas participarán del proceso electoral para elegir más de 2600 cargos entre alcaldes,  concejales, gobernadores regionales y los constituyentes que redactaran la próxima Carta Magna de ese país, convirtiendo a esta elección en la más grande de la historia de ese país.

De los más de 2.300 candidatos aspiran a conformar la Convención Constitucional, serán electos 155 integrantes, divididos por distritos, entre miembros de la sociedad civil, militantes de partidos políticos tradicionales y varios exministros del actual gobierno de Sebastián Piñera, que recientemente renunciaron a sus cargos.  

La Convención, que contará con paridad de género  y representación indígena, tendrá nueve meses para presentar el texto constitucional, período que puede ampliarse a tres menes más por única vez. Luego de ese plazo, será plebiscitado para su aprobación o rechazo por parte del pueblo chileno.

Esta será la primera vez que los diez pueblos originarios chilenos, con 180 candidatos habilitados para participar, estarán representados en la redacción de una Constitución. De acuerdo con datos divulgados por el Servicio Electoral de Chile (Servel) alrededor de 1.232.454 personas pertenecientes a las comunidades originarias están convocadas a votar. Según las cifras, los de mayor representatividad son los mapuches, con 1.059.982 electores, los aimara con 75.235 y los diaguita con 53.351 electores.

Este proceso constituyente se da luego de la contundente victoria del referéndum votado el 29 de octubre último, donde ganó el SI a la consulta popular para reemplazar la actual constitución que rige en Chile, heredada  de la dictadura de Augusto Pinochet.