Por: Nicolaá Mujico, Politologo UBA, maestrando en Defensa Nacional UNDEF

El paso de la obligatoriedad a la voluntariedad en el servicio militar tuvo como hecho desencadenante la muerte del soldado conscripto Omar Carrasco del grupo de artillería 161 de Zapala muerto el 6 de marzo de 1994, en circunstancias confusas como consecuencia de una golpiza la cual se presumía, era una práctica frecuente en el Servicio Militar.

El SMO se impuso en el país hacia finales del siglo XIX y principios del XX. Un recorrido histórico de dicha institución, nos lleva automáticamente a la generación del 80 y a la consolidación del estado nación con Julio Argentino Roca como su emblemática figura.  En su primer gobierno, aseguró el monopolio de la fuerza. Bajo su ala, impulsó la educación Laica que fue un efectivo mecanismo de control social, pero también una exitosa maquina de educar.  También el registro de las personas que le permitió al estado llevar las primeras estadísticas avanzando en ambos casos, sobre prerrogativas que antes controlaba la iglesia católica. Ya en su segundo gobierno, el servicio militar obligatorio conformó el otro pilar de esta etapa de la construcción del Estado.  

En relación a esta última, fue en el año 1901 que se estableció el Servicio Militar de acuerdo a lo normado por la Ley 4031. Previamente, se habían dado levas para maniobras militares pero la ley cristalizó la institución que se sostuvo por más de 90 años. Esta ley fue una de las tantas reformas impulsadas por Pablo Richieri y tenía por fin lograr una masa importante de hombres aptos para la guerra. Más allá de la necesaria profesionalización del ejército, la necesaria ocupación del territorio nacional, y el latente conflicto limítrofe con Chile tenía, a su vez, otros objetivos. Por un lado, una cierta promoción y acceso a ciertos derechos. En el ejército se enseñaban las primeras letras a quienes eran analfabetos, y el idioma castellano a quienes hablaban lenguas autóctonas o inmigrantes. También normas de higiene y de urbanidad propia de principio de siglo XX. Por último, y en sintonía con ese sentido formador, una clara búsqueda y espíritu normalizador que intentaba homogeneizar a la sociedad y lograr mayor cohesión interna. Las oleadas inmigratorias hacían más profundo esa necesidad de unificación de la población y de promoción de sentimientos nacionales y de pertenencia.

El servicio militar obligatorio le daba al Estado, entre otras cosas, la posibilidad de calificar a sus ciudadanos entre aptos y no aptos. Sanos y enfermos. La revisión médica era el elemento que permitía realizar ese juicio. Hoy quizá sería un escándalo, no obstante, existen conceptos como ‘esenciales’ y ‘no esenciales’, que tienen una clara raíz que se ancla en aquellos tiempos. El relevamiento que realizaban las FF.AA para incorporar a los hombres adultos a sus filas fue tan exhaustivo que primó sobre otros registros siendo por décadas el único confiable. El padrón militar se utilizó por ejemplo para confeccionar la reforma política que habilito el voto universal de los hombres que alcanzaban la mayoría de edad. La primera ley que hizo esto posible fue la ley Nº 4707 que fijaba la obligación de enrolarse a todos los mayores de 19 años dando un plazo de tres meses luego de cumplido los años requeridos.

El servicio Militar formaba y moldeaba ciudadanos aptos para la guerra y, en apariencia, políticamente dóciles al haber recibido una serie de preceptos morales y una estructura de obediencia a la cual respetar. Sin embargo, el pueblo no fue tan dócil y las FF.AA no dudaron en intervenir cuantas veces lo consideraron necesario.

No fue sino hasta el año 1948 que existió una ley de defensa por lo cual los ámbitos de defensa y seguridad, a pesar de tener instituciones específicas (ejercito-policía), con anterioridad a esta ley, se entremezclaban frecuentemente. La razón de estado, que justifico la primera leva, y la primer gran maniobra así como la posterior implementación del SMO, estuvo estrechamente ligada a la carrera armamentística con Chile y a los continuos problemas limítrofes y tensión reinante. Sin embargo, la utilización del ejercito para reprimir en la semana trágica y posteriormente en la Patagonia, así como las constantes intervenciones en la vida política nacional a partir del 30, muestran a las claras que también funcionaba como un instrumento disciplinador.  La ley de seguridad interior, de Onganía, difusa en cuanto a los ámbitos de actuación de las Fuerzas Armadas habilitó en nombre de un supuesto enemigo interno, la posibilidad de ejercer el terror luego de haber aprendido las lecciones de la escuela francesa, situación que se llevó al extremo en la última dictadura militar.

En los años 90, resueltos los problemas limítrofes con Chile, desactivadas las hipótesis de conflicto con el país trasandino y con Brasil, sancionadas la ley de defensa y de seguridad interior, sostener el servicio militar obligatorio parecía extemporáneo. Existía, sin embargo, una enorme resistencia y, aunque sometidos al poder civil, las FF.AA continuaban teniendo enormes grados de autonomía que se reflejaban en prácticas como las que llevaron a la muerte al recordado soldado Carrasco. Este hecho aberrante, fue el desencadenante de la reforma. Se sancionó la Ley 24.429 que establecía el servicio militar voluntario en el marco de un gobierno neo-liberal, que redistribuyó el poder  hacia ámbitos más bien ligados a la seguridad interior. (Policía-servicio penitenciario-justicia). Esto se refleja, por ejemplo, en el traspaso de la Gendarmería de la órbita del ejército al ministerio del interior en aquel entonces.

La necesidad del gobierno de Carlos Menem de lograr la conducción civil de la defensa tuvo un primer hito, que fue la represión al levantamiento carapintada de Seineldin en el año ‘90. Acto seguido, la desfinanciacion del sistema de defensa, la desarticulación de unidades militares emplazadas en áreas cercanas a las ciudad de Buenos Aires y por último el servicio militar voluntario, fueron las tres estocadas finales para ejercer un control civil sobre la defensa que no se traducía en un proyecto. Conducir, significaba desarticular. Sin embargo, no todo fue someter. Como contraparte aparecía el alineamiento con los EE.UU. y la participación en misiones internacionales como herramientas de seducción hacia el sector castrense, que transformó a las FF.AA argentinas en un jugador relevante en las misiones de paz encargadas por Naciones Unidas.

El proceso de desinversión tuvo un enorme consenso y se dio con gran velocidad. Implicó una reducción drástica del presupuesto. El ejército es una institución que se adapta de mala manera al liberalismo y sufre la lógica del contribuyente que no ve el retorno de sostener estas estructuras. La necesidad de justificar esta institución dio lugar a proyectos que van desde fortalecer las misiones de apoyo a la comunidad o el combate al narcotráfico. Es decir, fortalecer una misión subsidiaria o intentar quebrar el consenso básico y que las FF.AA vuelvan a intervenir en cuestiones relacionadas a seguridad interior.

El crimen del conscripto Carrasco dio lugar al Servicio Militar Voluntario hacia mediados de la década de los 90. Este nuevo esquema, que iría acompañado de una mayor profesionalización del las FF.AA, anunciado con bombos y platillos en un primer momento, fue quedando en el olvido año tras año a punto tal que aún hoy, la carrera militar y el servicio voluntario, es una opción que generalmente toman quienes vienen de familias militares sin lograr apertura a la sociedad civil.  

La primera gestión del Ing. Agustín Rossi, intentó rescatar del olvido a los voluntarios firmando convenios con el Ministerio de Trabajo con el fin de capacitar en oficios a los voluntarios de las tres fuerzas en el marco del programa “Educación y trabajo en las FF.AA para la inclusión social”. Esta iniciativa buscaba complementar los saberes de la carrera militar, con otros que permitiera la inserción laboral de los voluntarios una vez cumplida su etapa en las fuerzas.

A contra mano de esta medida, la administración Cambiemos, con su característico cotillón electoral, a mediados de 2019, inició el primer curso cívico voluntario en valores. Sin asignar presupuesto y bajo la órbita del ministerio de Seguridad, estos cursos que tuvieron una matrícula que apenas superaba las 1000 personas, no eran más que fuegos artificiales con fines electoralistas y sobredimensionados por los medios de comunicación.

Repuesto en sus funciones, Rossi es un ministro de lujo en el gabinete. A  logrado en el corto tiempo de su gestión que se apruebe el FONDEF que permitirá recuperar capacidades, revitalizar la industria para la defensa dando los primeros pasos para la producción de diversos tipos de sistemas de armas y tener un rol protagónico en el apoyo a la comunidad en el marco de la pandemia que actualmente transitamos. En relación al SMV, su sola presencia permite recuperar también esta herramienta. En el año 2020 se registraron 35 mil inscriptos, de los cuales algunos miles ya se han incorporado a los diferentes regimientos.  Si consideramos que existían en 2019, 15 mil personas registradas en las apps relacionadas a los delivery que hoy son vistos como una alternativa de primer empleo por lo jóvenes, el número de voluntarios no puede ser menospreciados, aún cuando sepamos que durante la pandemia se haya duplicado o triplicado ese número, vemos que existe una alternativa silenciosa que también es significativa y que podría serlo aún más. Es además, una nueva oportunidad de re-enganche de ciudadanos que por diferentes situaciones, perdieron las instancias formativas de la infancia y adolescencia. El SMV, debe lograr que no se lo identifique con aquel hecho luctuoso, sino por el contrario, con la promoción, capacitación y formación de ciudadanos.

En momentos de enorme complejidad, las FF.AA, sin maquillaje ni artificios, deben continuar recuperando esta herramienta que apunta a los más jóvenes que son, a su vez, quienes más dificultades tienen a la hora de ingresar al mercado laboral. Que el servicio militar voluntario sea una alternativa atractiva de formación, debe ser también incorporado a la agenda de trabajo no con el fin de militarizar a la sociedad como algunos podrían temer, sino como parte de una agenda más amplia que incorpore a este sector, bajo una clara conducción civil que marque el rumbo.  A casi 40 años de recuperada la democracia, es necesario incorporar a la agenda pública los temas propios de la defensa partiendo desde lo logrado: fortalecer el consenso básico, la conducción civil y trabajar sin prejuicios aquellas cuestiones que puedan ser relevantes socialmente, así como las estratégicas desde el punto de vista nacional.