Por: Fabián Lavallen - Director de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UAI-Rosario). Licenciado en Historia y Licenciado en Relaciones Internacionales. Doctor en Ciencia Política (USAL)

 

Luego de violentar los mecanismos institucionales del Estado Plurinacional de Bolivia a fines del 2019, Jeanine Añez, quien se autoproclamaba como “garantía” para encauzar la legalidad del orden político, gestionó el poder del estado a lo largo del año siguiente como si fuera un gobierno legalmente instituido por el voto popular.

Estigmatizando y persiguiendo a los líderes del gobierno saliente, en un país que posee una larga trayectoria de segregacionismo y apartheid en sus clases hegemónicas, esta mujer arremetió contra toda racionalidad y actuó como líder de una cacería de brujas, siendo la principal culpable del incumplimiento de los derechos civiles y políticos a lo largo de todo el territorio boliviano en el 2020.

Habiendo tenido sólo un 4% de votos en las últimas elecciones en las que se había presentado como candidata, esta mujer se sintió con el respaldo popular suficiente para refundar Bolivia en unos pocos meses. Entre otras cosas, le cambió el nombre al periódico oficial del gobierno (el diario Cambio, que paso a llamarse “Bolivia”), designó ministros como para “gobernar” un lustro, dándole poder a personajes por lo menos “cuestionables”, expulsó a ciudadanos venezolanos y cubanos, persiguió periodistas, y menospreció todos los protocolos políticos y diplomáticos.

Pero, como ya hemos desarrollado en artículos anteriores, lo más grave es que le dio carta blanca a las fuerzas de seguridad para reprimir y usar todos los recursos de la violencia estatal, tanto como para frenar las marchas de resistencia, sin ningún tipo de responsabilidad ante la justicia, como para amedrentar a los opositores. Les dio impunidad a unas fuerzas que, aunque no la tuvieran, hubieran buscado salvajemente la forma de sublimar la impotencia de casi catorce años de ver a un indio como comandante en jefe.

Así comenzó una cacería feroz contra los masistas y evistas, contra indígenas, líderes de izquierda, ex funcionarios, intelectuales y periodistas afines a Evo Morales, contra referentes de los movimientos sociales, y contra cualquiera que no profese la visión fundamentalista y retrógrada de la Bolivia blanca y elitista. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la gravedad de los decretos que accionaban la brutalidad policial, por considerar que a través de ellos se “desconoce los estándares internacionales de Derechos Humanos”. Pero nada importó, prosiguieron con la tarea, y desataron persecuciones políticas que no se veían desde hace mucho tiempo en el continente, las que se cobraron decenas de vidas lamentablemente.

A pesar de las protestas de algunos organismos y también de parte de la comunidad internacional en su momento, las matanzas no se detuvieron. Con una enorme responsabilidad por parte de la OEA, al no saber o no querer contener la escalada de violencia política, volvió a desnudar la institución continental una polémica parcialidad, como también cierta miopía política y falta de diplomacia, perdiendo un enorme caudal de credibilidad y respeto ante los países latinoamericanos.

Hablando de credibilidad, recordemos que por aquellos días el prestigioso diario El Mundo de Madrid, en lugar de detallar las atrocidades que cometía la mandataria boliviana, prefirió hablar de su estética moderna y sensual, en una nota titulada “La Angelina Jolie del legislativo boliviano”, donde enfatizaba el perfil de una mujer “glamurosa, con la melena rubia, elegante y de buen porte”. Muchos de esos medios tuvieron reparos en ilustrar la situación boliviana desatada, con los cuerpos de algunos de los más de veinte muertos que se cobró el accionar de Añez en los primeros días. Al parecer las muertes son siempre culpa de “la crisis”, no de los gobiernos represivos.

En consonancia con otros represores contemporáneos, durante los primeros meses del gobierno de la “Angelina” del Altiplano, comenzó a correr el rumor de indultos a viejos líderes que habían sido repudiados en Boliva para siempre, como es el caso del fatídico Gonzalo Sánchez de Losada. El “Goni”, como se lo conocía, llevó al país a una de las peores crisis de su historia, y fue hallado responsable de ejecuciones extra-judiciales en el año 2003. Al parecer, también quiso buscar impunidad durante el mandato de Añez.

Asimismo, la mujer, con la sobre exposición absurda que hizo de la Biblia en su “llegada” al Palacio Quemado -en un país de absoluta mayoría indígena- evidenció rápidamente la promoción de un discurso con sesgos de fascismo evangélico, retrógrado y segregacionista. No es nuestra lectura, es la exégesis más directa que puede hacerse de las declaraciones de los principales protagonistas del gobierno de facto en aquellos momentos, como puede constatarse en los innumerables discursos, twits y entrevistas de ellos mismos, donde explicitaron en primera persona su desprecio a las clases populares, a los aborígenes, los campesinos, e incluso, de toda la cultura del Altiplano ancestral.

Añez tildó sin tapujos como “satánicos” a los aymará, explicando que su paganismo condenaba a la república hacia un destino siniestro. Ella, según sus palabras y acciones, había llegado para corregir ese desvío. En aquellos momentos de la llegada de Añez al poder, el Parlamento del Mercosur aprobó, casi por unanimidad, una declaración de “rechazo” al golpe de estado en Bolivia. La participación de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas en la “transición” del gobierno en Bolivia, demostró el desapego a los principios constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia, los cuales, la región ya tenía internalizados por intermedio de los organismos internacionales de integración.

Presionando primero a Evo Morales para su renuncia y luego apoyando y siendo parte de una represión inusitada, con las fuerzas armadas tan comprometidas en los hechos, el proceso perdió cualquier viso de legitimidad y legalidad. Sobre todo, al permitir que las mismas fuerzas tengan una participación política tan evidente, la cual, la Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe claramente. 

Las matanzas posteriores de Senkata y Sacaba, donde también intervinieron las fuerzas de seguridad, terminaron por definir el derrotero ilegítimo donde las violaciones a los derechos humanos se hicieron sistemáticas, actos constatados por los principales organismos en cuestión, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH) y la Defensoría del Pueblo.

Con el correr de los meses, el pueblo y muchos aliados políticos le dieron la espalda al gobierno de facto. Un rechazo que se coronó con la victoria electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) más tarde, la cual fue absolutamente contundente y muy superior a lo que se proyectaba. Tan contundente, que la propia Añez tuvo que reconocer el éxito de aquellos a los que consideraba por lo menos como terroristas unos meses atrás. 

Según el extraordinario testimonio que escribió Evo Morales en su exilio porteño, donde tuvo tiempo obligado para pensar a lo largo de la cuarentena del 2020, se sabe que el mandatario fue informado que se estaba planificando un Golpe de Estado, unas tres semanas antes de las elecciones. Y también, le informan que las fuerzas armadas participarían del mismo operativo. Incluso, esto lo comenta Evo Morales en la Casa Grande del Pueblo, en reunión de Gabinete, pero pocos le creen.

Recomendamos leer ese testimonio político, editado en Buenos Aires con el título “Volveremos y seremos millones”, donde Morales, con mucha serenidad, pero también con seguridad sobre el “sentido de justicia” que tiene la historia, entiende que el intervalo de Añez fue sólo eso, una simple interrupción, sangrienta y atávica, es verdad, pero en un proceso irrefrenable y contundente que ya no puede detenerse.   

En ese proceso, ahora Añez debe dar cuenta de sus actos, quizás sin la misma elegancia que mostrara en la portada de las revistas.