Por: Lilibet Enriquez y Héctor Bernardo

Ante las constantes acciones de injerencia en los asuntos internos de Bolivia, el gobierno de ese país anunció que evalúa iniciar acciones legales contra Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y rechazó sus declaraciones sobre el proceso judicial que se lleva a cabo contra las ex autoridades del gobierno de facto, que se instaló tras el golpe de Estado de 2019.

Así lo señaló en una entrevista a un medio local el ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, Iván Lima, quien aseguró que el Secretario General de la OEA es un “actor político” y que si pudieran enjuiciarlo y traerlo al país para rendir cuentas por la “gravedad de sus afirmaciones y la irresponsabilidad de su informe” sobre las elecciones anuladas de 2019, lo harían.

Desde la red social Twitter,  Almagro compartió una declaración emitida esta semana por la OEA, donde cuestiona al sistema judicial boliviano y afirma que no existen las garantías de juicio “justo, de imparcialidad y de debido proceso” contra las exautoridades del gobierno de facto, poniendo en duda la independencia de la Justicia boliviana y manifestando “su preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno”.

También propone la creación de una comisión internacional que asuma las investigaciones sobre corrupción y pide la liberación de Jeanine Áñez, quien quedó detenida el 13 de marzo último, junto a altos mandos militares y miembros del gobierno golpista, debido a sus vínculos directos en el caso “golpe de Estado”.

Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia repudió esas declaraciones, “con las que Luis Almagro pretende dañar a un gobierno democráticamente elegido, cuando en su momento evitó pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos durante el gobierno de facto de Jeanine Añez, aplicando un doble racero que intenta favorecer intereses de determinados grupos políticos”.

El gobierno boliviano dice que Almagro “no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo que le hizo al pueblo boliviano con su injerencia colonialista durante el proceso electoral del 2019” y agrega que, con sus afirmaciones, el Secretario General de OEA desconoce a “las víctimas de gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de facto que abusó de su poder para perseguir, torturar y asesinar a quienes tienen y tenían como enemigos políticos”.

El expresidente boliviano Evo Morales, depuesto por el golpe de Estado de octubre de 2019, también condenó la defensa de la OEA a la exmandataria de facto, Áñez, y culpó a Almagro por “crímenes de lesa humanidad”.

Desde su cuenta en Twitter, señaló que “Almagro nunca se pronunció por los 36 asesinatos, más de 800 heridos, 1.500 detenidos ilegalmente y el centenar de perseguidos. No nos extraña su defensa a Áñez porque él también debería ser juzgado por propiciar el golpe de Estado y por crímenes de lesa humanidad en Bolivia”.

Gobiernos,  organismos regionales y medios de prensa internacionales condenaron a la organización interamericana, con sede en Washington, por impugnar la legitimidad de las elecciones que ratificaron al presidente Evo Morales en octubre de 2019, lo que derivó en una ola de violencia, represión y persecución.

El Grupo de Puebla manifestó su preocupación por las declaraciones de la Secretaría General de la OEA sobre el supuesto “abuso de los mecanismos judiciales” en Bolivia y considera que desconocen “de manera flagrante la independencia de poderes en ese país”.

El comunicado también resalta que no le reconocen a Almagro “autoridad moral”, luego del  “papel que cumplió la Misión de Observación a su cargo en las elecciones de 2019” y  asegura  que, “mientras la OEA no tenga un Secretario General imparcial, seguirá siendo un organismo generador de conflictos en la integración regional”.

El gobierno mexicano también se pronunció al respecto. Efraín Guadarrama, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y coordinador nacional de México ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),  recordó al secretario general de la OEA “conducirse de acuerdo a sus facultades fomentando el diálogo, el consenso y la solución pacífica de las controversias en el hemisferio. Esto incluye el evitar aquellos posicionamientos que busquen tener injerencia en los asuntos internos de Bolivia”.

Asimismo, el Secretario Ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, rechazó la declaración emitida por la OEA: “Almagro no tiene autoridad moral para pronunciarse sobre lo que sucede en Bolivia. Los pueblos de nuestra América saben que él es corresponsable del golpe de Estado, cómplice de las masacres y que fue soporte del gobierno de facto en Bolivia”.

Familiares de víctimas de persecución y violencia física y psicológica, presas y presos políticos del gobierno de facto de Jeanine Añez relataron a los medios de comunicación las torturas que sufrieron durante los 11 meses del gobierno golpista. En la ciudad de La Paz, junto a colectivos y organizaciones sociales de Bolivia, se manifestaron para pedir justicia por esos crímenes.