Por: Lilibet Enriquez Infante

Después de más de una semana de intensas manifestaciones en Colombia, Paro Nacional y una brutal represión por parte del gobierno de ese país, que ha dejado al menos 37 muertos, 87 desaparecidos y más de mil heridos, finalmente el presidente Iván Duque accedió a escuchar las demandas del pueblo colombiano y anunció un cronograma de diálogo nacional que comenzaría la próxima semana, para el cual designó como coordinador al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

Ceballos anunció a medios locales los temas que se abordarían: vacunación masiva, reactivación económica segura y desarrollo social, no violencia, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero (fondo de solidaridad educativa), así como la protección de los sectores más vulnerables. Estos temas, dijo el Alto Comisionado, responden a las demandas de los sectores que se están manifestando y señaló que también estará sobre la mesa la polémica Reforma Tributaria, que desencadenó la ola de protestas que vive el país, y el nuevo texto que, en su lugar, se presentará al Legislativo.

El 28 de abril último los sindicatos convocaron a un paro general de 24 horas, que podía extenderse por dos o tres días, en contra de esa reforma fiscal que presentaba el gobierno de Duque (Ley de Solidaridad Sostenible), que proponía un aumento del impuesto sobre el valor agregado al 19% para los servicios públicos de energía, alcantarillado y gas domiciliario y reducía el monto mínimo a partir del cual los ciudadanos deben pagar impuestos. Así, tres millones de trabajadores tendrían que hacer una declaración de renta de la que actualmente están exentos debido a sus ingresos y alrededor de la mitad de ellos debería pagar impuestos.

El 2 de mayo, Duque anunció que retiraba la Reforma para formular un nuevo texto. Pero las manifestaciones ya se habían convertido en una protesta nacional contra las medidas neoliberales de su gobierno, por el aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad, que se intensificaron por la llegada del coronavirus. Según cifras oficiales, la economía de Colombia se contrajo un 7% el año pasado y la pobreza aumentó del 36%  a casi el 43% de la población.

Desde que comenzaron las protestas, los pobladores de las principales ciudades colombianas, entre ellas Cali, Medellín, Santander, Barranquilla y Bogotá, han dejado evidencia en las redes sociales de las agresiones y la excesiva violencia por parte de las fuerzas seguridad: han sitiado las ciudades, cortado las comunicaciones y el servicio eléctrico para evitar que se divulgue la represión. 

Aunque la Defensoría del Pueblo registra 24 muertes, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia afirmó que, tras recolectar información directa e inmediata de las organizaciones sociales y defensores de Derechos Humanos, hasta el momento hubo 37 personas asesinadas (entre ellos menores de edad), 1220 heridos, 9 casos de violencia sexual contra mujeres, 87 desapariciones y 18 manifestantes con lesiones oculares.

El presidente Duque dejó claro que se tomarían las medidas de “asistencia militar” necesarias para “garantizar el abastecimiento, la movilidad, el derecho al trabajo y la seguridad en el territorio nacional” y aseguró que el Ejército y la Policía están preparados para seguir actuando.

Asimismo, los altos cargos militares de esas dos fuerzas dicen que las protestas son incentivadas y planificadas por guerrillas urbanas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y la exguerrilla de las FARC  y una supuesta injerencia desde Venezuela.

En la misma línea, desde Twitter el expresidente Álvaro Uribe pidió el uso de fuerza letal contra los manifestantes: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Luego de una protesta masiva en esa red social exigiendo que su cuenta fuera bloqueada, el twitt fue eliminado y el exmandatario declaró que tenía la intensión de “evitar el vandalismo en las principales ciudades del país, los cuales generan terrorismo y miedo entre los ciudadanos”.

Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), denunció que “han sido testigos del uso excesivo de la fuerza” por parte de los cuerpos de seguridad colombianos durante las manifestaciones.

“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali (suroeste) en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, declaró.

A través de un comunicado, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) también condenó “el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado colombiano” desde que comenzaron las protestas, el 28 de abril, y manifestó la preocupación por las víctimas de violencia física, detenciones arbitrarias, desapariciones, abuso sexual, fallecidos y heridos.

El ALBA-TCP hizo un llamado a las autoridades colombianas “sobre su deber de proteger los derechos humanos, el derecho a la vida y la seguridad personal. El uso de la violencia no resuelve las causas estructurales de las situaciones de injusticia social”.

Mientras el presidente ordena a las fuerzas de seguridad masacrar las manifestaciones populares en las principales ciudades del país, los grupos paramilitares y el Ejército siguen asesinando a la población campesina, indígena y afrodescendiente, a líderes y lideresas sociales, defensores de Derechos Humanos y exguerrilleros.

Durante el gobierno de Duque se incrementaron las masacres en las zonas rurales: 91  matanzas durante el año 2020 y, en lo que va de 2021, ya hubo 35 masacres con 132 víctimas mortales. La última se produjo durante el Paro Nacional: el dos de mayo último, seis personas fueron asesinadas en el Valle del Cauca. Desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, alrededor de 280 excombatientes han sido asesinados por paramilitares. Indepaz también tiene registro de 310 líderes sociales y lideresas o defensores de Derechos Humanos asesinados durante el año pasado y, en los primeros cuatro meses de 2021, ya fueron asesinados 50.