Por: Lilibet Enriquez Infante y Héctor Bernardo

El gobierno de Bolivia pedirá a la justicia brasileña la extradición de Luis Fernando López, exministro de Defensa del gobierno de facto de Janine Añez, por sus vínculos con el intento de magnicidio contra el actual presidente Luis Arce, cuando todavía no había asumido el cargo, y en el que estarían implicados los responsables de la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

La petición de Bolivia llega luego de la publicación en la revista norteamericana The Intercept de unas grabaciones que exponen los planes del gobierno golpista para asesinar a Arce cuando aún era presidente electo y al exministro como el autor intelectual del intento de magnicidio. El actual gobierno boliviano confirmó que tuvo acceso a audios, modelos de contratos y correos electrónicos que vinculan a López con este delito.

El actual ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció que van a pedir su extradición desde Brasil para que pueda rendir cuentas: “Ya hemos activado los correspondientes mecanismos que nos otorgan las leyes vigentes y la justicia boliviana, es una denuncia que se ha presentado hace un par de meses, que ha sido ampliada ya con los elementos que hemos presentado hace un par de días (intento de magnicidio). Evidentemente, con este caso más, vamos a pedir la extradición del señor López desde Brasil para que pueda rendir cuentas a la justicia boliviana”.

Recientemente, el gobierno boliviano había revelado a la prensa que López concretó contactos con grupos irregulares y paramilitares con el fin de asesinar al entonces candidato presidencial Luis Arce, para que, en caso de ganar las elecciones, no pudiera asumir la presidencia. Estos serían los mismos mercenarios detenidos por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, reclutados por el colombiano Arcángel Pretel Ortiz, “el enlace” de la empresa de seguridad CTU (Counter Terrorist Unit Federal Academy), con sede en Miami y dirigida por Antonio Emanuel Intriago Valera.

La derecha boliviana no permitiría el regreso de la democracia. El golpe de Estado a Evo Morales en 2019 obligó al exilio al exmandatario y su vicepresidente, Álvaro García Linera y terminó con el asesinato de decenas de personas como consecuencia de la brutal represión desatada contra el pueblo que se oponía al golpe y con la persecución política a los dirigentes y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS). La resistencia popular obligó a los golpistas a convocar a elecciones y, aunque intentaron borrarlos del escenario electoral proscribiendo al expresidente Morales, el MAS ganó con el 56% de los votos y 26 puntos por encima del segundo candidato, Carlos Mesa.

En  medio de ese proceso electoral, el gobierno de facto negoció la contratación de los mercenarios que asesinarían a Arce, quienes entraron al país el 16 de octubre de 2020, dos días antes de las elecciones, y se retiraron cuatro días después, al no hallar las condiciones para concretar el magnicidio. Luis Fernando López también abandonó el país antes de que Arce asumiera la Presidencia. Además de su vínculo con el intento de magnicidio, el exministro de Defensa de facto arrastra acusaciones por participar en el Golpe de Estado y por su responsabilidad en las masacres de Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019.