Por: Patricio Ballesteros Ledesma

 

Si se toma al conocimiento como el impulsor del desarrollo económico de un país, Argentina no sólo cuenta con una larga trayectoria en la generación de ideas y saberes sino, además, innumerables fuentes públicas y privadas que han trasladado éstas al campo de la industria de productos y servicios de alto valor agregado.

A grandes rasgos, la economía del conocimiento es el conjunto de actividades productivas que utilizan la información y los avances derivados de la ciencia y la tecnología para generar valor y ofrecer a la sociedad nuevos productos y servicios, que pueden ser aprovechados por todas las ramas de la producción y mejoran la calidad de vida de las personas.

Siempre se habla de que al país le sobra materia gris, aunque también se lamenta la llamada fuga de cerebros, así que las opiniones están repartidas sobre los avances y retrocesos en esta materia en la historia reciente.

Lo cierto es que la Argentina tiene 11 unicornios (empresas con una valuación de mercado de al menos US$1.000 millones), de los que 6 alcanzaron ese nivel en 2021. El interés de los inversores globales por las firmas locales de este rubro quedó demostrado por el aporte de US$900 millones de capital recibido en el año.

Durante la pandemia, con el impulso al trabajo a distancia y el furor de la virtualidad, se dio un crecimiento global de este sector de servicios que fue aprovechado de manera diversa tanto en el mundo como a nivel local y regional.

La brecha cambiaria interna generó una migración de profesionales hacia el cuentapropismo, con atractivas propuestas por afuera de las empresas formales y a cobrar no al tipo de cambio oficial sino al blue, comentan en el sector.

[Gran empleabilidad con salarios altos]

Según Argencon, la entidad que nuclea a empresas prestadoras de servicios de todos los verticales de la economía del conocimiento del país, en un década el sector incrementó un 65% el empleo, con niveles salariales un 35% superiores a la media, y llegó a tener más de 445.000 trabajadores registrados en 2018.

En la actualidad, y según cifras oficiales, la cantidad de empleos formalizados ronda los 250.000, con salarios promedio muy por encima de la media de la economía, y con miles de puestos vacantes, sin contar los trabajadores independientes.

Además, con sus casi US$5.500/6.000 millones de exportaciones anuales representa casi el 8% del total enviado al exterior por el país (es el tercer complejo exportador detrás del agro y el automotor), y alrededor del 0,3% del comercio global de este tipo de servicios.

En 2017 se llegó a un récord de US$7.335 millones y la gran incógnita es si en 2022 se podría igualar esa marca, ya que con una alícuota cero de derechos de exportación desde el primer día del año se suma un mayor incentivo a la actividad y un diferencial de competitividad.

[Las idas y vueltas de la ley sectorial]

La Ley del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (27570), sancionada en octubre de 2020, vino a modificar a la anterior, que había sido aprobada a mediados de 2019 (Ley 27506). Su reglamentación se produjo mediante el decreto 1034, en diciembre de 2020, que derogó el 708/2019 firmado por Mauricio Macri, y entre otras medidas dejó sin efecto el 5% de derechos de exportación a partir del 1 de enero de 2022.

La iniciativa original tenía por objetivo ampliar los incentivos a otras actividades que no habían sido alcanzadas por los beneficios derivados de la Ley de Promoción de la Industria del Software (25922), muy específica para incluirlas.

En aquel entonces todo el sector estaba entusiasmado hasta tal punto, que pensaban crear 215.000 nuevos puestos de trabajo y alcanzar los US$15.000 millones de exportaciones en 2030. Tras las elecciones y con el surgimiento de la pandemia, la crisis global y su correlato a nivel interno morigeraron las expectativas y complicaron los planes.

El nuevo régimen ya vigente y reglamentado apunta a promover nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar empleo de calidad, facilitar el desarrollo de pymes y aumentar las exportaciones de las empresas que se dediquen a servicios basados en el conocimiento.

En la ley se habilita un Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de la Promoción de la Economía del Conocimiento, para que las entidades interesadas puedan acceder a una serie de beneficios que aporta el Estado.

° Bono para pagar impuestos nacionales correspondiente al 70% de las contribuciones patronales sobre el personal dedicado a las actividades promovidas. El descuento será del 80% para las empresas que a partir de su inscripción contraten a mujeres y disidencias, personas con posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales, personas con discapacidad, residentes de zonas desfavorables o de menor desarrollo relativo, y beneficiarios de planes sociales. Sólo las empresas exportadoras podrán utilizar el bono para pagar el Impuesto a las Ganancias.

° Descuento de hasta el 60% del Impuesto a las Ganancias, según el tamaño de empresa.

° Exención del pago de Derechos de exportación para las empresas del sector servicios.

Los beneficios estarán vigentes hasta el 1 de enero de 2030, sus destinatarios deberán validar la inscripción al registro cada 2 años y realizar presentaciones anuales para acreditar que siguen cumpliendo los requisitos.

`[Apoyo estatal para impulsar a las empresas]

Durante el año pasado, el Gobierno nacional destinó más de $12.000 millones para promover empresas y proyectos de la economía del conocimiento, situación que benefició a casi 1.000 entidades, entre las que hay universidades, polos tecnológicos y empresas.

Según el Ministerio de Desarrollo Productivo, que encabeza Matías Kulfas, 360 beneficiarios de ese universo son empresas con casi 25.000 trabajadores de las industrias audiovisual, software, satelital y aeroespacial, biotecnología, servicios TIC, nanotecnología y servicios profesionales.

De los $12.000 millones, $4.000 millones provienen de Aportes No Reembolsables (ANR) para acompañar 620 proyectos de la economía del conocimiento y los otros $8.600 millones son beneficios fiscales que alcanzan a 360 empresas del sector.

Según esa cartera, 730 empresas de todas las escalas se postularon en 2021 para acceder al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y al 10 de enero de 2022 suman 387 las que comenzaron a gozar de los beneficios fiscales, que corresponden a más de 25.000 trabajadores.

Estos están alcanzados con los beneficios del bono de crédito fiscal correspondiente al 70% de reducción en las contribuciones patronales del personal de las empresas del sector. Las restantes continúan en el proceso de evaluación de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, que depende del citado ministerio.

[Diversidad de programas de Desarrollo Productivo]

° Soluciona, Reactivación de la Economía del Conocimiento, que brinda asistencia financiera (ANR) a empresas, cooperativas, universidades, fundaciones y cámaras de todo el país.

° Nodos de la Economía del Conocimiento, otorga ANR a proyectos destinados a consolidar estructuras de innovación en las provincias.

° Producción Colaborativa de la Economía del Conocimiento, entrega asistencia financiera a proyectos que afiancen el trabajo coordinado y la innovación entre universidades, empresas y centros de investigación.

° Capacitaciones 4.0 y Economía del Conocimiento para municipios, brinda recursos (ANR) para proyectos de capacitación y actividades de formación llevados a cabo por municipios y provincias.

° Fortalecer, se enfoca en proyectos de micro y pequeñas empresas de todo el país, a las que se le otorga subsidios para acompañar el proceso de cumplimiento de requisitos para inscribirse en la Ley de Economía del Conocimiento.

° Potenciar Economía del Conocimiento, ANR y créditos a tasa subsidiada para apoyar a actores estratégicos del entramado productivo nacional.

° Cursos de Innovación Abierta, busca incrementar la competitividad de las pymes y cooperativas, y aportar valor al desarrollo industrial.

° Argentina Programa, es un plan de formación en programación gratuito, diseñado para ampliar los conocimientos en ciencias de la computación de quienes participan, por medio del aprendizaje de los principales lenguajes de programación utilizados en el sector del software. Esta iniciativa busca darles herramientas para acceder a empleos bien remunerados que les permitirán crecer personalmente. Ya hay más de 700.000 inscriptos, que representan el 3,7% de la población económicamente activa del país.