Por: Lilibet Enriquez y Héctor Bernardo

 

El 3 de febrero de 1962, hace 60 años, el presidente John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva que impuso oficialmente el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Durante estas seis décadas, el gobierno de la isla y la comunidad internacional han reclamado el fin de esta política genocida, ilegítima, amoral y extraterritorial, como la ha calificado la Cancillería cubana.

Durante todos estos años, Cuba ha vivido atravesada por un entramado legal de sanciones y restricciones, que se han incrementado con el paso del tiempo. De acuerdo con el último informe publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) en junio de 2021, a precios corrientes, los daños acumulados desde la aplicación de esta política superan los 147.853 millones de dólares. Según datos de Oxfam, más del 70% de la población cubana ha nacido y vivido bajo los efectos del bloqueo.

La Declaración del gobierno cubano al cumplirse 60 años de su aplicación, denuncia que el bloqueo es “una política esencialmente extraterritorial, violatoria del Derecho Internacional, que busca, mediante presiones, chantajes y penalidades, aislar a Cuba y castigar a quienes establezcan cualquier vínculo económico, comercial y financiero con el país” y que “constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos. Califica como un acto de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948”.

Los analistas definen a este conjunto de medidas unilaterales de coacción y agresión, orientadas a provocar la asfixia económica e inmovilidad de Cuba, como una conducta genocida y una violación de los Derechos Humanos de los cubanos.

“El bloqueo que es un sitio de guerra, el más largo que se conoce en la historia de la humanidad. Es un crimen de lesa humanidad, porque el bloqueo mata. Nunca hubiéramos pensado que un tiempo de pandemia iba a recrudecerse con nuevas y terribles sanciones, con lo cual es doblemente criminal, porque no dejan entrar ni los medicamentos ni los insumos médicos. Es de una crueldad”, dijo a Revista 2016 la periodista, escritora y analista Stella Calloni.

La declaración de la Cancillería cubana subraya que, en el contexto de la Covid-19, el bloqueo llegó “a límites insospechados de crueldad, al obstaculizar donaciones solidarias, tratar de entorpecer el desarrollo de las vacunas cubanas y limitar las posibilidades de acceder a medicamentos e insumos básicos”.

Según información del sitio web cubano Cubadebate, el 18 de noviembre de 2020, en medio de la pandemia, el Departamento de Transporte, por indicación del Departamento de Estado, denegó una solicitud de las charteadoras Skyway Enterprises, Inc. y IBC para operar vuelos a Cuba con ayuda humanitaria, que incluían insumos médicos. Y en abril de 2020, varios proveedores informaron a la empresa MEDICuba la imposibilidad de entregar ventiladores pulmonares ya convenidos, porque los fabricantes habían sido comprados por una compañía estadounidense.

“Frente a este crimen de lesa humanidad, hay que destacar la resistencia heroica del pueblo cubano ante este acto de guerra continuado por 60 años. Uno de los ejemplos de esa resistencia es haber logrado ubicarse en el centro del mundo en materia de salud, gratuita y con un alto nivel de desarrollo, a pesar de todas las cosas materiales que faltaron. En condiciones muy difíciles, no solo pudieron ser solidarios con el mundo durante la pandemia, mandando sus brigadas médicas a tantos países, también pudieron crear sus vacunas. Es un acto de heroísmo”, aseguró Calloni.

Los antecedentes del bloqueo se remontan a 1959, cuando Estados Unidos comenzó a aplicar medidas para debilitar puntos vitales de la defensa y la economía de Cuba.

“Hay que recordar que desde que el bloqueo comenzó, en tiempos del presidente Einsenhower, decía claramente para qué se estaba pensando: para llevar el pueblo a desesperarse, a rendirse por hambre, a terminar con el proceso cubano cuando todavía ni se había declarado socialista. Eso es lo que está detrás de todo esto. Ellos decidieron terminar con la Revolución prácticamente desde 1959. Con Einsenhower se define, cuando él decía que el pueblo con hambre, desesperado, iba a botar a Fidel Castro. Eran sus palabras, clarísimas, sobre para qué estaban aplicando el bloqueo. Y continúa hasta hoy, a pesar de la oposición internacional”, recordó la analista.

“Además se extiende hasta el mundo entero en el momento en que prohíbe hacer negociaciones de cualquier tipo con Cuba, se congelan fondos en los bancos y ponen multas multimillonarias cuando hay una desobediencia a sus órdenes”, explicó Calloni.

Durante la década de 1990 Estados Unidos aprobó dos leyes que afectaron negativamente el comercio de Cuba: la Ley Torricelli (Ley de Democracia Cubana, 1992) y la Ley Helms Burton (Ley Libertad, 1996).

La Ley Torricelli, que declara explícitamente que su objetivo es “buscar una transición pacífica a la democracia en Cuba, a través de la aplicación de sanciones económicas con un mayor alcance extraterritorial”, prohibió el comercio con Cuba a sucursales de compañías estadounidenses en terceros países.  Esta ley niega la entrada a Estados Unidos de embarcaciones que hayan tocado puerto cubano en los 180 días previos, y autoriza el uso de sanciones contra terceros países que ofrezcan ayuda a la isla.

Ley Helms Burton estableció que la eliminación de las sanciones económicas contra Cuba solo puede decidirse mediante votación en el Congreso y no por orden del presidente. La normativa está diseñada para perpetuar la política en el tiempo, más allá de cuál sea la administración de la Casa Blanca.

En el año 2000, se impuso la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones, que permite dispensas humanitarias para comprar productos de primera necesidad. Sin embargo,  para ello Cuba no puede usar el dólar estadounidense y tiene como requisito el pago anticipado, sin la participación de los bancos estadounidenses en las operaciones.

El 17 de diciembre de 2014 los entonces presidentes de Cuba y Estados Unidos,  Raúl Castro y Barack Obama, respectivamente, anunciaron el inicio del proceso de normalización de las relaciones bilaterales. Desde entonces se dieron avances importantes en la política y la diplomacia, pero ninguna de las medidas modificó las disposiciones, regulaciones y leyes que rigen la aplicación del bloqueo.

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el escenario se complejizó. Por ejemplo: se prohibió el envío de remesas a Cuba, se redujeron significativamente los vuelos comerciales entre los dos países, el Departamento del Tesoro limitó más el acceso de Cuba al sistema financiero estadounidense y se trataron de interrumpir los suministros de petróleo hacia y desde Cuba.

Aunque durante su campaña presidencial, Joe Biden prometió revertir las medidas tomadas por el gobierno de Trump y garantizar el cumplimiento de los acuerdos migratorios entre ambas naciones, hasta el momento, ninguna de las 243 disposiciones impuestas por Trump ha sido derogada.  

A pesar de que la comunidad internacional ha aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante 29 ocasiones consecutivas, el proyecto de resolución presentado por Cuba, en el que denuncia las afectaciones causadas por el bloqueo y la necesidad de eliminarlo (en la última, 184 países votaron a favor de la resolución y solo tres en votaron contra), Estados Unidos lo mantiene e intensifica.

 “La mayoría de los países ya ha expresado en Naciones Unidas que se debe terminar el bloqueo, por eso creo que debe responderse de manera distinta a como hasta ahora. Cuba es el ejemplo de cómo se puede sostener la educación, la cultura, la salud en medio de una tragedia y las naciones del mundo pueden hacer mucho más para no ser cómplices de este crimen de lesa humanidad que se está cometiendo contra un pueblo”, concluyó Calloni.