05/10/2022 - Edición Nº1400

Economía | 7 abr 2022

ACTUALIDAD

En la puja de precios y salarios, hay que empezar a hablar de ingresos y pobreza

Salvo una parte muy limitada de los trabajadores asalariados registrados, el resto de los ocupados no logra acceder a la canasta básica total y pelea por no caer en la línea de indigencia. La inflación mensual no cede y en alimentos sigue descontrolada.


Por: Patricio Ballesteros Ledesma

 

Para la mayoría de los trabajadores asalariados (el 73% de los ocupados del país), las paritarias no sólo no le ganan a la inflación sino que por los aumentos en tramos, sólo la alcanzarían, con optimismo y buenas expectativas, hacia fin de año. De ellos, un tercio trabaja en condiciones de informalidad, porque no está registrado en la ANSES y no aporta para su futura jubilación.

Este panorama también tiene su correlato en el sector público en sus tres niveles, en algunos casos con precarias condiciones laborales, con montos no remunerativos en sus recibos de haberes, o parte de sus sueldos en negro.

Cuando a mediados de marzo se reunió el Consejo del Salario Mínimo, se acordó un incremento inferior a la inflación proyectada, que tiene una incidencia sobre todo en asalariados registrados y empleados públicos, mientras que los consumos básicos continúan la senda de precios alcista y golpean cada vez más fuerte a los trabajadores independientes, los subocupados (2,6 millones) y los jubilados.

La asamblea de gremios, empresas y funcionarios fijó un aumento en cuatro tramos que llegará al 45% en diciembre, lo que en valor sería $47.850 a fin de año. Un informe de la agencia Statista, que mide la evolución de los salarios mínimos equivalentes en dólares en Latinoamérica, señala a la Argentina entre los más bajos junto con Perú (US$233) y Brasil (US$ 214). La estimación es a valor nominal y no por poder adquisitivo en sus países, aclaran.

Vale aclarar que hasta febrero el salario mínimo vital y móvil era de $33.000 y que con el ajuste en abril llegará a $38.940. Si el costo de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC dio en febrero $37.413 para el GBA y estimaciones privadas situaron en marzo a $42.111 para CABA, se puede ver cuál es el desfasaje entre uno y otra, y por qué se considera indigente al que no logra esa cobertura mensual familiar.

Por otra parte, esta semana la ANSES anunció un bono extraordinario de $6.000 a pagar desde el 18 de abril para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y que abarca a 4,6 millones de beneficiarios, además de una suma igual para las AUH y AUE, según indican en el Ministerio de Desarrollo Social. 

Las 1,3 millones de personas del programa Potenciar Trabajo ya recibieron un bono similar en marzo último, que se sumó a los $16.500 mensuales. Está en estudio un aumento en la Tarjeta Alimentar, que tiene sus montos congelados desde hace un año, lo que se definiría en los próximos días.

[La inflación descontrolada se come los ingresos]

Con el IPC del primer trimestre rondando el 15% (que en alimentos trepa al 20%), la inflación anual sería bastante mayor al 38/48% que acordó Economía en el programa con el FMI y más cercana al 51,2% del REM del BCRA, o al 55% que proyectan otros economistas y consultoras. 

Una porción muy acotada de trabajadores registrados con convenios colectivos históricamente protectores, altos cargos en organizaciones y profesionales senior bien instalados si lograrán ganarle a una inflación que, por otra parte, afecta a una parte menor de sus gastos y consumos.

El 23% de los ocupados trabajan por cuenta propia: autónomos, monotributistas, jornaleros, trabajadores de la economía popular, casi no son tomados en cuenta a la hora de hablar del tema, pese a que sus ingresos son los más golpeados por el aumento sistemático de los precios, en particular de los productos y servicios de primera necesidad.

El ministro de Trabajo Claudio Moroni declaró la semana pasada que “el promedio de salarios del sector privado no está perdiendo contra la inflación”. Ese sueldo requerido promedio ronda $110.700, pero lo correcto sería hablar de los empleados y no de los valores, porque de esa cifra para arriba son pocos y para abajo son la mayoría.

Más cercano a la realidad sería establecer la mediana nacional, es decir el sueldo que más se repite entre los empleados (ronda los $50.000), y así se vería claramente que la mayoría de los trabajadores no llegan a cubrir la canasta básica que mide el INDEC. Entonces, podría afirmarse con real certeza que el promedio de los asalariados está perdiendo contra la inflación y vive bajo la línea de pobreza.

Rápidamente salieron a criticar sus dichos incluso desde los sectores afines al Gobierno y algunos pensaron que era un motivo suficiente para pedirle la renuncia. No fue para tanto, pero la realidad es muy diferente a lo expresado.

Por más que el funcionario tenga algunas cifras que avalan sus dichos, como cabeza de un área tan crítica, y más aún en un gobierno que se auto percibe como nacional y popular, esa realidad de pocos no puede extrapolarse a todos los trabajadores y enunciarse como un logro. Con este nivel de inflación, entre los trabajadores registrados hay millones de pobres, esa verdad se comprueba en la calle.

Si cruza sus datos con los del Ministerio de Economía y el INDEC, podrá advertir que el país tiene millones de trabajadores pobres, incluso indigentes. Porque además, una gran parte de la población económicamente activa, con uno o más trabajos permanentes o eventuales, no tienen convenio ni paritaria que los sostenga, y sus ingresos no llegan a cubrir sus necesidades básicas.

[Avances y retrocesos en el índice de pobreza]

En la Argentina siempre se habla de espiral inflacionaria o disparada de precios, y de que hay que ganarle o empatarle, como si se tratara de un juego. Poco se ha hecho para pararla en seco, apenas sube un par de puntos, porque la realidad demuestra que una vez que se la deja correr avanza de a saltos, y sólo unos pocos ganan con el esfuerzo de la mayoría.

Es un problema estructural, multicausal dicen ahora en concordancia con el FMI, pero también lo es la pobreza, y en ambos casos todos tienen un pormenorizado diagnóstico que expone las consecuencias y las causas siguen ahí, intactas. Siguen las reuniones y los acuerdos pero así no se alimentan los argentinos empobrecidos.

Todas las semanas se sientan empresarios de diversos sectores y funcionarios en algún despacho de Economía con el objetivo declarado de contener los precios. Y mientras que el ministro Martín Guzmán declara que esta estrategia busca lograr una “coordinación de las expectativas”, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Felletti, negocia, suma acuerdos pero aclara que “no puede hacer milagros”.

Más de la mitad de los niños y adolescentes del país son pobres (51,4% entre los 0 y 14 años), sus padres también lo son obviamente, y quizás sus tíos, abuelos y muchos de sus vecinos. 

Es mucha gente, individuos y familias, millones de ciudadanos: la mayoría no van a los actos ni cortan rutas, quizás no son militantes ni marchan a reclamar, tal vez tienen un plan social y lo ven como un derecho, pero todos los días hacen un gran esfuerzo para ganarse la vida, con honradez y dignidad.

El año pasado con el rebote de la economía del 10,1%, que logró un crecimiento del PBI igual a la caída durante la pandemia, aunque con un IPC del 50,9%, el índice de pobreza cayó en 3 puntos (al 37,3%, es decir son 10,8 millones de personas, de los que 2,4 millones están en situación de indigencia). 

Según cifras oficiales salieron de la línea de pobreza casi 2 millones de personas y se crearon más de 1 millón de puestos de trabajo, o dicho de otro modo, se recuperó una parte de los perdidos durante los últimos cinco años. 

[La suba de precios en el trimestre aumenta la pobreza]

En cualquier caso, si este año se crece alrededor del 4% y la inflación ronda el 55%, ¿qué pasará con los que lograron salir de la pobreza y la indigencia? ¿Cuánto de ese millón de nuevos trabajadores seguirá ocupado? ¿Cuál será el nivel de ingresos si, aunque se moderen los precios, el SMVyM es tan bajo y la oferta laboral no crece?

La incertidumbre sigue en el centro de la escena, siempre: deuda, pandemia, guerra, inflación, desempleo, pobreza. Dicen que los acuerdos con el FMI siempre son inflacionarios, sin hacer mucha historia en los 20 anteriores, desde el 2018 para acá se confirma.

Queda atrás el primer trimestre de 2022 y deja más preguntas que respuestas, y algunas pocas confirmaciones, como la escalada de los precios de los alimentos, que seguro ya modificó de manera negativa aquel alentador aunque efímero retroceso en el número de pobres. 

En la llamada guerra contra la inflación el Gobierno anuncia la renovación y nuevos acuerdos de precios. Las materias primas y la energía suben su cotización global y afectan tanto a la oferta como la demanda. Antes por la pandemia, ahora peor por la guerra de Rusia en Ucrania y sus consecuencias a nivel mundial.

La Argentina vende algunas commodities y tiene que comprar otras. Sobre las exportables, el descalce del precio internacional sobre las que también se consumen en el mercado interno ya no debería discutirse. La importación de bienes de capital para crecer, de GNL para generar electricidad y de gas natural durante el invierno demandará miles de millones de dólares. 

Los necesarios para pagarle al FMI no serán necesarios por dos años y medio, según el acuerdo de facilidades extendidas alcanzado, pero su presión por revisiones locales afectará en mayor o menor medida el ritmo económico y condicionará el accionar del Gobierno en varias áreas.

Surgen viejas ideas que en otro contexto rindieron sus frutos, pero que ahora no hay mucha convicción en volver a aplicarlas, como el Instituto Argentino Para el Intercambio, la Junta Nacional de Granos y la de Carnes, el aumento transitorio de los derechos de exportación para redistribuir beneficios excepcionales.

[Ideas viejas y nuevas, realidades urgentes]

Sí se insiste con otras, menos rotundas y más consensuadas, pero que su implementación y resultados no demuestran eficacia. La ley de góndolas, que permitiría sumar a más pymes regionales a la oferta con precios accesibles, se sancionó hace un año y casi no se cumple. 

También se presentan nuevas iniciativas, más audaces y justas, que podrían quitar algo de presión a la coyuntura económica y financiera pero deben ser tratadas y aprobadas por el Congreso, como el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI.
 
Sin embargo, hay realidades más urgentes que no están siendo consideradas con la celeridad y gravedad del caso, la inseguridad alimentaria severa (12,6% de la población pasa sin comer más de un día al mes por no acceder a alimentos de manera constante) y la falta de trabajo son sólo dos de ellas. 

El mes pasado el INDEC informó que la desocupación en el último trimestre del año pasado bajó al 7% (1,5 millón de personas, según la EPH), el nivel más bajo desde el 2016, y que el nivel de empleo se situó en 43,6% de la población (20 millones de trabajadores activos). 

Como el nivel de actividad creció al 46,9%, la caída en el número de desocupados se explica por una suba de los puestos de trabajo y no por una baja en los que buscan empleo.

Sin embargo, los nuevos puestos de trabajo, ante la relativa baja oferta frente a la amplia demanda, tienen un nivel de ingresos muy dispar y producto de la inflación pierden poder adquisitivo mes tras mes. 

Si los precios no ceden y los formadores oligopólicos no acompañan, apuntalar los ingresos en general y enfrentar la pobreza en particular parece ser el cambio de estrategia más acorde a la realidad del momento.

El punto es que si hay más dinero volcado al consumo básico (no por emisión, sino por adecuación de los ingresos al IPC), y los productores y fabricantes no aumentan la oferta al mismo tiempo, habrá escases en varios rubros o abastecimiento a precios altos para el que pueda pagarlos. 

Esa es la trampa de la inflación, la multicausalidad que requiere múltiples acciones y sinergias de los sectores aliados. Se necesita más audacia, convicción y compromiso con los millones de ciudadanos que no están viviendo la vida que se merecen.

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