Por: Héctor Bernardo

 

El 29 de mayo el pueblo colombiano acudirá a las urnas en una jornada que puede cambiar el rumbo del país. Todas las encuestas muestran como el gran favorito a Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, quien podría, incluso, ganar en primera vuelta o llegar con una amplia ventaja al balotaje.

Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, (crimen generó el gran levantamiento popular conocido como el “Bogotázo”) el destino de Colombia  fue interrumpido, la derecha se apropió del poder y la violencia enmarcó la vida cotidiana de esa sociedad.

En  1964 comenzó el conflicto armado más largo de la historia de América Latina. Surgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento 19 de abril (M-19).

Durante décadas Colombia vio crecer corrupción política y la desigualdad. Vio nacer y consolidarse a las organizaciones criminales del narcotráfico, los grupos paramilitares y el sicariato. El país se transformó en el principal aliado de Estados Unidos en la región y, también, en uno de los principales proveedores de droga para el gigante del norte y para Europa.

En la década de 1980 se realizó un proceso de paz que derivó en que muchos miembros de la guerrilla dejaran las armas y se sumaran a la vida política. En aquel momento, los exguerrilleros crearon el partido Unión Patriótica (UP), y en las elecciones de 1986 obtuvieron 14 cargos al Parlamento, 17 para diputados provinciales y 135 para concejales.

La respuesta de la derecha y sus grupos paramilitares fue sangrienta. En corto tiempo, más de 5.000 miembros de la UP fueron asesinados, entre ellos dos candidatos a presidente: Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo. Una verdadera masacre en que el Estado colombiano, por acción o por omisión, tuvo la principal responsabilidad.

En 1999, durante los gobiernos de Andrés Pastrana (Colombia) y Bill Clinton, Washington pone en marcha el Plan Colombia. El país sudamericano se colmó de bases militares de bajo control estadounidense. La violencia no paró de crecer.

En 2002 llegó a la presidencia Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 / 2006 - 2010), quien se transformó en uno de los referentes de la violencia de la ultraderecha colombiana. En el marco de su gobierno y con Juan Manuel Santos en el ministerio de Defensa, se inventó el concepto de falsos-positivos: El Ejército colombiano comenzó una campaña de secuestro y asesinato de civiles (la mayoría de ellos campesinos) a quienes luego disfrazaba de guerrilleros muertos en combate. La intención era mostrar efectividad en la lucha contra la guerrilla. 

A los cientos de miles de muertos y secuestrados, se suman los desplazados internos a causa de la violencia. Según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 7,7 millones de personas debieron dejar sus hogares de manera forzada. Lo que convirtió a Colombia como mayor cantidad de desplazados internos a causa de la violencia. A lo que se agregan los millones de colombianos que debieron salir del país por la violencia o por apremiante la situación económica que vive gran parte de su sociedad.

Luego de un largo proceso de negociaciones, en 2016 se firmó, en La Habana (Cuba) el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014 / 2014 -2018) y la guerrilla de las FARC-EP.

Tras la firma del acuerdo, Santos Premio Nobel de la Paz. Poco tiempo después sumó se oficializó el pedio del Gobierno y Colombia se sumó como socio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La implementación del Acuerdo de Paz hizo que la ex guerrilla se desmovilizara, entregara las armas y se transformara en partido político, que pasó a llamarse Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común (FARC). 

El gobierno incumplió gran parte de lo firmado. Desde la firma del Acuerdo de Paz se ha asesinado a un dirigente social cada tres días. Lo que lleva la cifra de muertos a centeneras. Líderes populares, defensores de derechos humanos y, en especial, líderes campesinos.

La llegada al gobierno de Iván Duque (2018), un alfil de Álvaro Uribe, fue un duro golpe para todo el proceso de paz y marcó claramente un retroceso.

Según los datos del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) de Colombia, desde la firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano, representado por el Gobierno de Juan Manuel Santos, y la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), en 2016, hasta la fecha, han asesinado a 1.300 líderes y lideresas sociales. De estos, más de 900 fueron asesinados durante el Gobierno de Iván Duque.

A ese dato terrible se suma que al menos 319 firmantes de los acuerdos han sido asesinados desde 2016, y más de 500 organizaciones sociales fueron víctimas de amenazas. Tan solo en lo que va de 2022 se produjeron 20 masacres. Los datos también muestran que durante 2020, 2021 y enero de 2022 se produjeron 179 masacres que causaron la muerte de 726 personas.

Gustavo Petro es el candidato que representa un giro de 180 grados frente a esta negra historia que asola al país. No es casual que el líder del Pacto Histórico haya denunciado que se habían preparado planes para asesinarlo.

Como en 1948, la derecha hará todo lo posible para evitar que el país escape de sus garras. Pero todo parece indicar que, en esta ocasión, Colombia vive una crónica de un cambio anunciado. Un cambio para bien de su pueblo.