A 37 años de la masacre

Stella Grenat*

María Antonia Berger, fue una de los tres sobrevivientes de la masacre ocurrida en la Base Aeronaval Almirante Zar en Trelew, el 22 de agosto de 1972 a las 3:30 de la madrugada (ver recuadro). Ella y sus compañeros relataron como, ese día, el capitán Sosa, seguido por el capitán Herrera, los tenientes Roberto Bravo y Emilio Del Real y el cabo primero Carlos Marandino, asesinaron a 11 militantes del PRT-ERP, 2 de Montoneros y 3 de las FAR.

Culminaba así la fuga que, siete días antes, habían iniciado 124 reclusos de la cárcel de máxima seguridad de Rawson. Ese día, sólo seis de los máximos dirigentes de las organizaciones armadas de la época habían logrado alcanzar el objetivo fijado: subir a un avión de Austral procedente de Río Gallegos que, previamente, había sido copado por Ana Weissen de las FAR y Víctor Fernández Palmeiro y Alejandro Ferreyra del PRT-ERP (ver recuadro). De este modo, Roberto Quieto y Marcos Osatinsky, dirigentes de las FAR, Domingo Mena, Mario Roberto Santucho y Enrique Gorriarán Merlo del PRT-ERP y Fernando Vaca Narvaja de Montoneros, llegaron a Chile, luego a Cuba y finalmente reingresaron a la Argentina. Si bien la operación tal como había sido ideada había fracasado, la salida de las direcciones constituía un éxito para todas las organizaciones que, de este modo, garantizaban la vida y la vuelta a la actividad de sus mejores cuadros. La magnitud de las represalias del gobierno denota la importancia real de este resultado parcial alcanzado por el operativo.

Desde la mañana del 22 de agosto, la dictadura de Lanusse hizo circular una versión oficial que la eximía de toda responsabilidad: los disparos fueron la respuesta a un intento de fuga por parte de los reclusos. Sin embargo, lo cierto es que la decisión de asesinar a los detenidos se había tomado el día anterior en Buenos Aires en una reunión en la que participaron: el presidente y Comandante en Jefe del Ejército Alejandro Lanusse, el Comandante en jefe de la Fuerza Aérea brigadier Carlos Alberto Rey, el Comandante en jefe de la Armada almirante Guido Natal Coda, el jefe del Estado Mayor del Ejército Jorge Rafael Herrera y el jefe del Estado Mayor Conjunto Hermes Quijada. Todos ellos, alrededor de las 13:40, habrían recibido el informe del canciller Eduardo McLoughlin en el cual daba cuenta del resultado de su entrevista con el embajador chileno Ramón Huidobro y con el general, también chileno, Sepúlveda. Estos últimos le habían informado la decisión tomada por el presidente Salvador Allende quién, en medio de una gran presión popular, había otorgado un salvoconducto para llegar a Cuba a los diez refugiados argentinos. Asimismo, ese día entraron y salieron varias veces de la reunión el secretario de la Junta Militar Brigadier Ezequiel Martínez, el secretario general de la Presidencia Rafael Panullo y el ministro del Interior, el radical Arturo Mor Roig. La información surgida de los avances realizados en la causa abierta en el 2006 por el juez federal de Rawson Hugo Sastre, tiende a ratificar estas afirmaciones (ver recuadro). Por un lado desmienten la versión de que las muertes resultaron de un enfrentamiento con los detenidos que intentaba huir. En este punto, el silencio castrense fue roto por el cabo Marandino, quien confesó que los habían obligado a contar la versión del intento de fuga. Por otro lado, dos de los testimonios vertidos por marinos detenidos involucran en la responsabilidad de los asesinatos a altos mandos del Estado y de las Fuerzas Armadas. ¿Qué fue entonces lo que provocó tamaña reacción en la cúpula del poder del Estado?

Un movimiento de masas

Antes de avanzar una respuesta, es necesario recordar que, la fuga no es el único acontecimiento relevante que conmocionó a los pueblos de Trelew y Rawson en 1972, en ese año se produjo también una insurrección popular: el trelewazo. Este hecho se desató el 11 de octubre cuando la zona, declarada nuevamente en estado de emergencia, fue tomada por las Fuerzas Armadas y se detuvieron a 20 personas, de las cuales 16 fueron trasladadas a la cárcel de Devoto en Buenos Aires. La mayoría de los detenidos formaban parte de la Comisión de Solidaridad con los presos políticos recluidos en la cárcel. A la mañana siguiente del Operativo y desafiando la presencia militar que circulaba con sus tanques por la ciudad, la población entera se reunía en las esquinas y los bares para obtener detalles de los allanamientos, hacer la lista de detenidos y tratar de ver qué hacer para liberarlos. Los dirigentes de todos los partidos políticos, centralizaron la acción de la población en el teatro Español, que constituyó en el centro de la deliberación popular. A partir del 16 de octubre, con el cumplimiento casi total de la principal demanda, la liberación de los presos, el movimiento fue replegándose.

El insumo principal de esta movilización surgió de la interacción de los pobladores con los presos políticos sus familiares y sus abogados defensores. Cuando los militares depositaron en la lejanía patagónica a los militantes sindicales y político militares más destacados de la época, tenían un objetivo: alejarlos de las bases sociales a las que pertenecía cada uno de ellos. Romper los lazos que, a lo largo de años de militancia, habían tejido con las masas en sus respectivos frentes de lucha. Desde la perspectiva militar, los pueblos del sur, alejados de la turbulencia social de las provincias del centro y norte del país, constituían el lugar más adecuado para alcanzar este fin. Sin embargo, este objetivo no se cumplió y el remedio pergeñado por las fuerzas represivas, se transformó, poco a poco en la enfermedad. Tal como recuerda uno de los apoderados, la influencia política de los reclusos comenzó a filtrarse por fuera de los muros de la prisión:

“(…)oficialmente íbamos a ofrecer ayuda a los prisioneros. Pero éramos nosotros, en realidad, los que la recibíamos […] todos fuimos cambiando sin darnos cuenta […] Discutían sus luchas con nosotros y se preocupaban por la repercusión que tenían en la gente” (Martínez, Eloy Tomás: La pasión según Trelew, Punto de Lectura, Bs. As., 2007).

La presencia de tantos militantes contribuyó a recrear lazos y relaciones contrarios a los intereses de los sectores que ocupaban el Estado. Sectores civiles y militares, a los que, posteriormente, no les temblará el pulso y dispondrán de los medios necesarios para destruirlos.

La lucha continúa

Con estos datos y desde la perspectiva del proceso social más general del cual la masacre forma parte, es posible vislumbrar alguna respuesta a la pregunta que hacíamos antes. Por un lado, éstos nos son hechos aislados: forman parte de las sucesivas insurrecciones populares que, desde 1969, confrontaban con firmeza el poder estatal en Córdoba, Tucumán, Rosario o Corrientes. Como en estas provincias, la acción directa de los protagonistas del trewelazo, inserta en esta tendencia insurreccional general, constituida por fuera de los canales de políticos e institucionales republicanos, corroía los cimientos de la dominación burguesa del Estado. Y, de este modo, se instituía en el verdadero peligro que explica la ferocidad de la ofensiva militar a la hora de disciplinar a las masas. Tampoco, son hechos espontáneos, surgen de la relación entre las organizaciones y las masas, que como vimos era un peligro que los militares percibieron con claridad. Por otro lado, en ese momento se manifiesta el punto más alto de la unidad de hecho entre las organizaciones.

Desbaratar estas relaciones, las que existían entre las organizaciones y entre ellas y las masas, era el objetivo del gobierno. Para lograrlo no dudó en disponer de la fuerza, tampoco desdeñó armas políticas. Esto explica que, mientras mandaba a realizar estos asesinatos a sangre fría, Lanusse apoyara con fervor la salida electoral. El apoyo abierto de Montoneros a una salida que obligatoriamente ponía en el centro de la escena política a Perón, los alejaba de los sectores revolucionarios. Estos últimos, desconfiaban del viejo líder y consideraban que su retorno, lejos de impulsar las luchas las frenaría. Sin duda, la estrategia gubernamental tuvo un éxito que en los primeros tiempos no se percibió con claridad. Lo cierto es que, después de 1973, las luchas populares no harán más que declinar hasta el junio/julio del ’75 y, antes del ´76, como resultado de la intervención certera de la Triple A, las organizaciones político militares estaban casi totalmente derrotadas.

Es importante, rescatar la historia de estos compañeros para los cuales la convicción de luchar por la transformación total de una sociedad inhumana y vil como la capitalista se convirtió en el combustible inagotable que los impulsó a una acción irrefrenable. En los buenos tiempos, cuando las cosas marchaban hacia adelante, pero también en aquellos otros signados por las más terribles adversidades, que fueron y son, hay que decirlo, la mayoría. Para ellos, como para tantos otros luchadores, la persecución, la cárcel, la tortura, la deportación o el exilio, lejos de ser excepciones, constituyeron una parte sustancial de su vida y como tal las asumieron. Igual de importante, es rescatarla como parte de la historia de las luchas populares.

Y, frente a los avatares de una política oficial que busca cerrar la etapa a partir de la realización de los juicios a los responsables materiales de la masacre, importa no perder de vista la imperiosa necesidad de aportar a la reconstrucción de aquella fuerza social en la que revistaron estos compañeros. Los pasos dados en pos del encarcelamiento de los militares, son justamente eso, pasos. No alcanza con verlos presos. La tarea principal es continuar la lucha, terminar aquello que la represión detuvo y no pudo exterminar.

Berger, fue herida por una ráfaga de metralla y logró introducirse en su celda, donde recibió un tiro en la mejilla, los otros sobrevivientes fueron, Alberto Camps y Ricardo René Haidar. Posteriormente, todos ellos fueron secuestrados.

Weissen fue secuestrada en 1979. Palmeiro, murió el 30 de abril de 1973 siendo miembro del ERP 22 de agosto, luego de participar en el operativo de ejecución del contralmirante Hermes Quijada. Quijada había difundido por televisión la versión oficial emitida por la dictadura de Lanusse sobre la masacre.

Como resultado de la apertura de esta causa la justicia detuvo a los ex marinos Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino, encontrándose en calidad de prófugo el ex teniente Guillermo Bravo, jefe de la guardia en la base la madrugada de los asesinatos; a Rubén Norberto Paccagnini y Horacio Alberto Mayorga como cómplices necesarios y a Jorge Enrique Bautista como cómplice secundario por encubrimiento; al ex brigadier Carlos Alberto Rey, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea como partícipe en la decisión de producir los fusilamientos y al ex general José Luis Betti, al mando de todas las operaciones desplegadas en Chubut.

*Historiadora, docente de la UBA, investigadora del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales – CEICS. Co-autora del libro recientemente editado Trelew, el informe