Demandas públicas

Por Ignacio Fittipaldi


Entre los múltiples sondeos de opinión que se realizan de manera casi compulsiva, pero especialmente en aquellos que ponderan las problemáticas más relevantes para la población, siempre aparecen como cuestiones centrales y entre las cinco más destacadas asuntos tales como: empleo, educación, salud, inflación e inseguridad –no seguridad, sino inseguridad-. Nótese que se la nombra asignándole una suerte de adjetivación peyorativa un término antagónico que evidencia una carencia y no por la afirmativa, confundiendo la noción de seguridad, suma de derechos adquiridos, con inseguridad –referencia explícita a la concreción sistemática de hechos ilícitos- y seguridad con noticia policial. El término correcto es Seguridad Pública, es decir, un cúmulo de derechos adquiridos articulado al deber del Estado como agente garante del suministro de esos derechos a la totalidad de la ciudadanía.

Cuando se dice que la cuestión de la inseguridad es de las más relevantes para la sociedad, se dice también que lo más significativo es tener una policía bien equipada para reprimir el delito y bien capacitada. Esta última idea es algo más confusa. Cuando hablamos de equipar sabemos que de manera encubierta hablamos de equipar mejor para combatir mejor a los delincuentes, mejores autos, mejores armas, más balas, etc; cuando hablamos de reprimir con la fuerza del orden público sabemos a qué nos atenemos. Pero al hablar de capacitar la cosa ya se complica porque no todos podemos estar refiriéndonos a la misma noción, no se sabe bien qué quiere decir ni qué se pretende nombrar pero igual se lanza la idea vaga como una profecía o letanía tranquilizadora. ¿Por qué y para qué se reclama -o enuncia- que la policía debe estar más capacitada? Esa sería una buena pregunta. ¿Para qué se requiere de una policía bien capacitada?

Los sucesivos gobiernos se pronuncian todos y cada uno de ellos en este mismo sentido, sobre la necesidad de equipar y capacitar, cada vez que la Agenda Pública así lo requiere. Entonces se escucha decir que: se proveerá a las fuerzas de seguridad con la última tecnología, se incrementaran los recursos para capacitar a los miembros de las fuerzas públicas de seguridad, se incorporarán nuevos patrulleros, se actualizarán los equipos de comunicaciones, y tantas otras promesas más, pero siempre relacionadas con estos dos grandes ejes:
  

a) dotar de equipamientos idóneos a las fuerzas policiales
b) formar y capacitar a los miembros de las fuerzas de seguridad.

Recursos Humanos

Si pocos funcionarios públicos se ocupan de las áreas de formación y capacitación con la importancia que en verdad revisten -así lo demuestran las exiguas asignaciones presupuestarias frente a la contrastante relevancia que adquieren los actos oficiales de entrega de patrulleros o de equipamiento policial-, deberá ser o porque no saben cómo hacerlo o porque a pocos les interesa cómo se forman y capacitan los miembros de las instituciones policiales y el valor que dicha área encierra. El problema es aún más grave. Sin indagar en profundidad en esta cuestión, debemos decir que en la mayoría de las policías provinciales -pero también en la escuela de Suboficiales de la Policía Federal Argentina- el ingreso a esas instituciones no requiere para el escalafón de Suboficiales la culminación de estudios secundarios. Se puede ingresar a la policía sin tener acreditados estos estudios, pero en cambio se reclama certificado de conducta intachable, vocación de servicio, gozar de buen concepto social y otro tipo de requisitos que nadie sabe bien cómo se miden, ni ponderan, pero que claramente interpelan a una moralidad social a tono con la de la institución a la cual se intenta ingresar.

Otra cuestión fundamental es qué tipo de test psicológicos se utilizan para seleccionar a los postulantes antes del ingreso; en el mejor de los casos existen, pero ponderan cualidades que poco se articulan con la función policial, en otros, la entrevista de selección se reduce a charlas informales en las que funcionarios políticos, policiales y cuerpo de psicólogos intentan detectar si el postulante tiene ciertas condiciones mínimas, si es un psycho killer o un hombre de bien con vocación de servicio y si sobrellevará con estoicidad su magra remuneración de $ 1500 por trabajar 12 horas al día.
Pero todo ello ocurre sin la necesidad de incorporar año tras año a miles de efectivos policiales que cubran las calles inseguras de la Argentina con dudosos profesionales, (¿idóneos?) para entregar un servicio público de seguridad. Al mismo tiempo que existe una intensa presión de los poderes ejecutivos para que las instituciones de seguridad produzcan policías como secuencia lógica de una fase de producción industrial, todo dependerá de la intensidad de la demanda pública que el año en vigencia haya marcado. El problema seguirá siendo la matriz de formación y el recurso de producción.
A esta altura del recorrido una pregunta posible podría ser: ¿cuál es la naturaleza de los recursos humanos con las que muchas fuerzas de seguridad se están abasteciendo?, y ¿qué hacen con esos recursos una vez que están dentro de las instituciones policiales?

Lo urgente y lo seguro

Sobre el punto a) debe decirse que es con el que más énfasis se trabaja y hacia donde se dirigen ingentes cantidades de los presupuestos de los organismos de seguridad, sea el nivel de gobierno que fuere. Al fin y al cabo Max Weber los asiste y parece concurrir desde su tumba, como un mal presagio, adonde su definición de Estado parece haber arribado: “El Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la violencia física” y algunos que no han leído a Weber ejecutan lo que otros les han contado que Weber ha dicho.
Sobre el punto b), y en honor a la verdad, debe decirse que dentro de las instituciones que brindan seguridad pública y especialmente las que cumplen función de policía, la formación básica y la capacitación policial no le importan a nadie, excepto a aquellos miembros de las fuerzas o cuadros técnicos que se dedican a ese campo de trabajo, siendo desoídos la mayoría de las veces. La formación básica policial -entendida como el trayecto inicial de formación con el que se forma a un sujeto que desconoce lo que es la función policial y se incorpora a ella- es un terreno en el que está en disputa la urgencia política por incrementar la presencia policial en la calle con la sensatez de diseñar y ejecutar procesos de formación consistentes que necesitan mínimamente de una variable que la inseguridad pareciera no concebir: tiempo. ¿Alguien supone que un maestro mayor de obras puede formarse en tres meses, en seis o en nueve? ¿Quién le daría un plano para que lleve adelante el proyecto de obra? Yo no. Los procesos de formación básica de las fuerzas policiales en Argentina duran eso. La premura de tener más policías en la calle –latiguillo político por excelencia- va en detrimento directo de su propia calidad formativa.

También hay excepciones. La formación de los Suboficiales de la provincia de Salta -dos años de formación básica- o la de la policía de la provincia de Bs.As –un año de formación básica- son excepciones a la regla, pero sólo eso. Aún así habría que hurgar en sus diseños curriculares para hablar positivamente sobre esas experiencias.

Lo que incumbe a la capacitación profesional -esto es, la capacitación que un policía recibe una vez que ha egresado de la formación básica, algo así como una especialización- tampoco le importa a nadie. Dentro de las fuerzas policiales, la formación y la capacitación son áreas de menor importancia, de segundo o tercer orden. Capacitar implica, además de tiempo, una serie de suministros costosos que los gobiernos de la seguridad pública no tienen interés en colocar. Requiere de planificación estratégica a la hora de pensar la carrera policial como un recorrido profesional que mejorará la calidad del servicio público que el policía dará; implica un cuerpo docente idóneo que acceda al cargo por concurso y se lo remunere en relación con ello; implica desarrollar e instalar pautas culturales que legitimen los procesos de capacitación como un valor profesional que se premia con ascensos en relación directa con la idoneidad para un cargo; implica desmitificar ese patrón cultural que existe, funciona y se reproduce al interior de las agencias policiales y que indica que la mejor formación policial es la que se recibe en la calle. En la calle se incorporan otras cosas valiosas, el oficio se aprende allí, pero también es la escena pública en la que se reproduce todo lo que no se ha incorporado en los procesos formativos, todo lo que la práctica policial legitima culturalmente aunque sea ilegal y en donde finalmente se materializa la idea distorsionada de lo que Weber ha formulado. ¡Pobre Weber! Cada vez que un caso de gatillo fácil aparece en escena se hurga en el legajo del policía en cuestión para revisar cuál es su trayectoria profesional, para cerciorar cuándo fue su último curso de capacitación. Pocos quieren o saben cómo capacitar a las agencias policiales con el objeto de dar un servicio público de seguridad, pero todos quieren y reclaman para sí el monopolio de la violencia.