Por Pablo LLonto

Ricardo Junghans es un trabajador de prensa con quince años de antigüedad en su empresa. Cumple tareas de editor de muchas de las imágenes que los argentinos vimos por las pantallas de televisión en la última década. En la primera semana de julio, Ricardo se presentó con una escribana pública a la puerta de ingreso del canal para que se cumpliera la orden judicial que ordenaba la reincorporación a su puesto de trabajo.

Los directivos dieron la orden en contrario. “Ese tipo no entra”.

Ricardo no ingresó. Había ido con toda su familia en el intento de cumplir un anhelo que lo sostiene desde diciembre del año pasado cuando se le impidió el ingreso. Los grupos de tarea de la agencia de seguridad rodearon a Ricardo y a su familia y acataron las instrucciones: meter miedo.

La escribana que acompañaba a Ricardo labró un acta y así, nuevamente, un militante sindical quedó fuera de una empresa, sin que a la justicia se le ocurriera otra cosa que multar a los patrones con 200 pesos por día.

Los abogados de la empresa anunciaron que apelarán el fallo, que apelarán la multa y que si hace falta llevarán el caso a la Corte Suprema.

La empresa es Canal 13. Y, disculpen la monotonía, pertenece al Grupo Clarín.

La misma película

No ha nacido en la Argentina la jueza o el juez que le haya perdido el miedo al Multimedio Clarín. El caso de Ricardo, espejo de otro hecho similar sucedido en la misma empresa en los 90, vuelve a impulsar una pregunta: ¿hasta cuándo tendremos una justicia para ricos y otra para trabajadores?

La salvaje decisión de Canal 13 de enviar telegramas de despido a quienes en 2008 estaban organizando las elecciones sindicales en ARTEAR S.A. fue la respuesta a una afiliación masiva y al inicio de los reclamos para que se cumpliera con el Convenio Colectivo de Trabajo y con el estatuto del Periodista.

La historia laboral es más o menos la misma de todo el país: pasantes explotados, falta de pago de horas extras, falta de aportes a la obra social, a la jubilación.

Pero el tema, insistimos, es la justicia.

Muchas historias de crueldad, de maltrato, de humillación, de vergüenza se terminarían en nuestro país si al menos un magistrado no huyera cobardemente cada vez que se trata de poner un freno a las situaciones injustas.

¿Qué esperan los jueces para dictar una orden que incluya la reinstalación del delegado por medio de la fuerza pública?

¿Qué esperan para aplicar con rigor las leyes que en la Argentina se sancionaron hace 25 años para impedir el trato discriminatorio por razones políticas o sindicales? (Ley 23.592).

En la otra punta

Mientras tanto, en San Isidro, uno de los jueces con peores antecedentes en el país sigue manejando el caso de los bebés apropiados en 1976 por Ernestina Herrera de Noble. Se llama Conrado Bergesio y es el juez federal que debería investigar a fondo las maniobras con las que la dueña de Clarín participó de la sustracción de quienes hoy llevan los nombres de Marcela Noble (33 años) y Felipe Noble (33).

Para Bergesio, todas las pruebas acumuladas en la causa durante ¡diez años! No son suficientes para indagar y procesar a la Noble por los delitos cometidos contra quienes, se sospecha, son hijos de desaparecidos.

A fines de junio se presentó el testimonio de José Pirillo, ex dueño del diario La Razón (hoy en manos de Ernestina) quien manifestó que fue el propio vicepresidente del Grupo Clarín (Héctor Magnetto) quien le confesó, en los ochenta, que había participado de la maniobra que permitió que la dictadura le entregara dos niños a Ernestina para que los adoptara.

El reclamo de las querellas apunta a que Pirillo sea careado con Magnetto. Ambos fueron protagonistas de un enfrentamiento, a finales de los 80, debido a los intentos de Clarín para apoderarse de las acciones que La Razón poseía en la empresa Papel Prensa S.A.

Pirillo, seriamente cuestionado por los ex trabajadores de La Razón como responsable por la quiebra del diario, asegura que fue amenazado por Magnetto cuando pretendía publicar noticias sobre hijos de desaparecidos que fueron apropiados entre 1976 y 1983.

Pero todo ha quedado en manos de Bergesio. Un juez que desde hace seis años no hace más que escuchar testimonios, ver cómo engorda el expediente con papeles y pruebas, y sin embargo se niega a disponer que los análisis de ADN que se deben efectuar los jóvenes se realicen en el Banco Nacional de datos Genéticos, como ordena la ley.

Ay. Jueces laborales, jueces penales…

Las tácticas son las mismas.

La pena por no tener justicia también.