Procesos de integración en América Latina

Por Diego Otondo

Los procesos de integración en América Latina han pasado por varias instancias. Hasta la actualidad, hemos asistido a procesos incompletos con un ojo puesto en el norte y otro en una estructura económica ajena a las realidades latinoamericanas; la declamación como guión prefijado y la concreción en el olvido. Hoy, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) ha dejado de lado los niveles económicos para centrarse en temas sociales con cariz político. Desde aquella derrota que sufrió el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), los procesos y las ofertas han variado el tono con respecto a la década pasada, y la apuesta significó revalorizar la identidad latinoamericana frente a los costos y beneficios que la globalización impone.

Sin embargo, persiste una dualidad latinoamericana entre modelos políticos y económicos –Estado o mercado- que lleva consigo la incertidumbre en los procesos de integración regional. La situación interna de cada país tiene influencia,  y  al mismo tiempo existen visiones diferenciadas sobre el qué de la cuestión. Precisamente, el dilema radica en la visión hacia el futuro y en las metas a largo plazo. El qué es en última instancia lo que define la integración. La discontinuidad institucional es un enemigo poderoso que dirime visiones antagónicas de cuál debe ser el rumbo correcto. En este sentido, no es casual que haya muchas ofertas, con tonos y propuestas variadas, con distintas concepciones.

Sentido político

Queda claro que los aires políticos han cambiado en la región,  y que ninguna integración responderá a los intereses regionales sin un sentido político. Los antecedentes de la creación de la Unasur perfilaron la convergencia entre el Mercosur, la Comunidad Andina y Chile para “el perfeccionamiento de la Zona de Libre Comercio, apoyándose en lo pertinente en la Resolución 59 del XIII Consejo de Ministros de la ALADI del 18 de octubre de 2004, y su evolución a fases superiores de la integración económica, social e institucional” (Declaración de Cusco de diciembre del 2004).

Han pasado cinco años desde la Declaración de Cusco. Hoy, el intento es “desarrollar un espacio integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura”. La famosa teoría del derrame quedó en evidencia y el libre comercio no es garantía de progresos sociales. No obstante, el Estado es cuestionado a priori en varios países, y todavía el sentido político en el plano interno encuentra las resistencias propias de los protagonistas que otrora sirvieron al capital.   

Los planteos han cambiado,  un espacio integrado en lo político y lo social es una necesidad latinoamericana. La pobreza estructural – alrededor de 190 millones de pobres- y las asimetrías internas definen para quién, y cuál es la razón de ser de la unión. Para lograr los objetivos la coordinación debe ser política, de lo contrario, las contraestrategias, principalmente desde el Norte, serán las protagonistas, determinando la agenda y los ejes a seguir, como ocurrió con el Mercosur en la década del `90 en el plano económico. Como explican Eric y Alfredo Calcagno en su artículo “Un proyecto regional que reclama grandeza de miras”: “Si la prioridad es lo político, se estructura un bloque de países que coordine sus relaciones de poder para afirmarlas frente a quienes las desafíen”.

En diciembre de 2005, en Montevideo, en el marco de una reunión extraordinaria de Presidentes, se creó la Comisión Estratégica de Reflexión constituida por 12 representantes de cada uno de los mandatarios. El documento titulado “Un Nuevo Modelo de Integración de América del Sur. Hacia la Unión Suramericana de Naciones” reafirmó que vivimos “en un período de reafirmación del Estado Nacional, la integración regional surge como un elemento indispensable de realización de nuestros proyectos nacionales de desarrollo” (Revista de la Integración, julio de 2008).

La incertidumbre subyace en la coordinación política y en la viabilidad que tenga la reafirmación estatal. Al respecto, los resabios neoliberales cuestionan aspectos inherentes al Estado y su papel. Por ello, el sentido político se presenta como un gran interrogante hacia el futuro, en el mismo instante en que cada uno de los integrantes de los procesos persigue intereses nacionales de diversa índole, con la polarización política propia de los avatares institucionales latinoamericanos.

Dos proyectos, o más

Las ofertas son variadas. Y no todos los países quieren lo mismo. Actualmente, en América Latina existen varios procesos integracionistas: Mercosur, Unasur, Comunidad Andina de Naciones, Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), Grupo de Río, Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), y el Proyecto Mesoamérica (ex Plan Puebla), que se extiende hacia el sur desde México e incorporando a Colombia. Se suman la Comunidad del Caribe, el Sistema de Cooperación Centroamericana y la Asociación de Estados del Caribe. Y a pesar de todos los procesos en marcha, los temas que generan conflictos entre algunos de los países involucrados todavía son resueltos de manera individual. Brasil y Bolivia por el  gas, Brasil y Paraguay por la represa de Itaipú, o la investigación que llevó a cabo Ecuador con respecto a su deuda externa, son algunos de los ejemplos.

La integración regional e identitaria de América Latina tiene en cada uno de sus integrantes diferentes miradas acerca de cómo insertarse. El modelo que se adopta en cada país determina cuál es el eje predominante en la integración, y hacia dónde se va. En la actualidad, la crisis internacional puso de manifiesto que la unión es más necesaria que nunca, y la reflotación del Banco del Sur así lo explicita, al menos en parte. Pero el presente marca una disputa entre visiones políticas y económicas en varios de los países latinoamericanos que hoy protagonizan la mirada estratégica y geopolítica de la integración.  Bolivia, Argentina, Ecuador, Nicaragua y Venezuela transitan sus procesos institucionales con cuestionamientos que anclan sus petitorios en cambios de rumbos en cuanto al papel del Estado y, en varios casos, por fuera de la voluntad electoral. A la actual persistencia política se le opone una dimensión comercial como exponente per se de la integración.  

Así, en el caso de Chile, la integración se basa en tratados bilaterales con los países andinos y con los integrantes del Mercosur, sumado a su tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, dejando de lado la política estratégica. Colombia y  Perú, que también firmaron TLC con los yanquis, y en cierta medida Brasil, como actor global y como Estado moderador en América del Sur, componen el arco ideológico que se inscribe en la socialdemocracia es decir, una mirada hacia el mundo en clave liberal, un Estado delimitado como contrapartida de las voluntades populistas y una creciente democracia participativa, porque hablar con el pueblo significa, en términos elitistas, denostar las instituciones, y por lo tanto, denegar un camino sólido que tenga como fin la libertad de mercado.

Por su parte, el Alba es un proceso de integración diferente que tiene entre sus propósitos el “desarrollo endógeno nacional”. Se trata, nada menos, de revertir la división internacional del trabajo que actúa en América Latina, con diferentes matices y con un éxito notable, luego de la noche neoliberal y los procesos dictatoriales. El escenario contrario al desarrollo interno y a la unión deja de responder a los intereses políticos para centrarse en intereses transnacionales, dándoles oxígeno a los organismos “contrainsurgentes” que responden verticalmente dentro del orden establecido.

El sentido estratégico que marca el Alba no es el mismo que el Mercosur o la Unasur. La industrialización como meta conjunta para el desarrollo, que atempere la división internacional del trabajo y la vulnerabilidad externa de la región, sigue siendo un anhelo. Para Brasil la integración no significa lo mismo que para la Venezuela de Chávez o la Bolivia de Evo Morales. Mientras Brasil la utiliza como un trampolín para el juego global, la visión bolivariana atrae a otros actores como Rusia, China o Irán, para concretar un contrapeso a los Estados Unidos. En este contexto, el sector privado aprovecha las condiciones externas con el propósito de imponer sus condicionamientos a los procesos políticos internos y de limitar cualquier capacidad autónoma.

Un contexto y dos posibilidades

Unasur nace en el marco de un contexto internacional favorable, pero políticamente fragmentada y con horizontes encontrados. Favorable porque los paradigmas dominantes están cuestionados y el papel de los Estados Unidos sojuzgado en Oriente Medio, Pakistán y Afganistán.  Pero con la incertidumbre de procesos políticos internos que buscan la ruptura con el presente, para poner en jaque aquella “reafirmación del Estado Nacional”.

Aunque la integración no se realiza por afinidad ideológica, sino por mecanismos institucionales, el papel de la clase dirigente es sustancial para determinar el interés nacional y su continuidad con la visión a largo plazo en temas concretos y coherentes. En medio de las polarizaciones propias de América Latina, ¿cómo es posible llegar a convergencias integrativas e intentar resolver los problemas estructurales comunes a las naciones latinoamericanas?

En Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Paraguay, la situación política se debate entre la actualidad o un retorno de la derecha. José Serra, representando a la industria paulista como posible sucesor de Lula, el vicepresidente cobista Julio César Franco en Paraguay, la oposición “democrática” en Venezuela (así la llama el diario El Universal), los separatismos santacruceños en Bolivia, Sebastián Piñera, como candidato favorito para terminar con la Concertación en Chile, Cuqui Lacalle, del Partido Blanco en Uruguay, y el peronismo Pro y la Coalición Cívica en nuestro país.

Al catálogo opositor que sería –excepto Brasil- un cambio en el timón político y económico en cada uno de los países, se agrega Barack Obama en los Estados Unidos, con una mirada más económica sobre el continente y el reflotamiento del Fondo Monetario Internacional luego de la reunión del Grupo de los 20 en Londres, con la triplicación del dinero destinado a los préstamos para salvar a las economías de los países emergentes mediante la introducción de una Línea de Crédito Flexible.   

Es, precisamente, el contexto en movimiento –crisis y Obama- el desafío que Unasur deberá definir. Qué hacer frente a ello, qué hacer frente a los Estados Unidos  y la economía en momentos en los cuales el mundo tiende a convertir la unipolaridad militar de Bush en un multipolarismo tendiente al replanteamiento de los postulados que quedaron truncos con la caída de Wall Street.

Los antecedentes al respecto muestran que la declaración de la Moneda, el 15 de septiembre de 2008 y frente al intento de golpe de Estado contra Evo Morales, fue en este sentido muy tibia: Estados Unidos ausente de la misma manera que la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) y sus, por lo menos, confusas maniobras en Bolivia, y el renacimiento de la IV Flota por parte del Pentágono.

 “Este es el momento donde se deberá lograr una voluntad colectiva nacional y también regional que apoye este nuevo proceso”, escribió el Representante especial para la integración y la participación social de la Cancillería, Oscar Laborde. En cada escenario se disputan dos modelos antagónicos y las definiciones regionales dependen del grado que tenga cada proyecto nacional. La resultante tiene dos posibilidades: un intento de mayor autonomía todavía en construcción y con demasiadas dificultades, o la ratificación de aquella cumbre en Miami donde quedó establecido el Alca como la panacea para reflotar aquello que en “Las venas abiertas de América Latina” se puede leer: un subdesarrollo latinoamericano producto del desarrollo de los poderosos.  

 Integrantes

La constitución de Unasur responde a la necesidad de crear un ámbito institucional que cubra a toda la región sur. Está conformada por 12 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Todavía falta la ratificación de 9 de los integrantes. Nace a partir del Tratado de Brasilia firmado el 23 de mayo de 2008, y es el paso posterior a la Comunidad Sudamericana impulsada por Brasil, la cual tuvo poco eco.   

Opiniones. México, América Central y el Caribe.

Las opiniones con respecto a Unasur no son unánimes. Para algunos, la Comunidad Andina y el Mercosur eran mecanismos suficientes. Incluso existen opiniones que sugieren sustituir a la Can y al Mercosur por ser ámbitos poco funcionales para que pudiera abordarse un proceso exitoso en Sudamérica. “No es admisible que para regir la integración de 12 países tengamos que apelar a tres instituciones integracionistas”, dijo el ex presidente ecuatoriano Rodrigo Borja, quien renunció como secretario general de Unasur 24 horas antes de que comenzara la cumbre en Brasilia. Aunque se llegó a una situación de consenso para la creación de Unasur, los caminos todavía no son claros. Por otro lado, la concertación política con México y los países de America Central y el Caribe no se llevará a cabo mediante Unasur. El Grupo de Río será el ámbito.