04/12/2020 - Edición Nº730

Internacional | 23 oct 2020

ANÁLISIS

El olvido de la peste en Colombia

El asesinato de Javier Ordoñez desató la furia de una ciudadanía que ha sido violentada, amenazada y sobornada por una institución a la que solo le queda la credibilidad de algunos desprevenidos votantes fieles al partido de gobierno.


Por: Laura G. Campo – Graduada en Estudios Literarios – Especial para PolíticaYMedios, desde Bogotá

 

Resulta vergonzoso ventilar los problemas políticos propios en tierras ajenas. Reza un dicho popular colombiano: “la ropa sucia se lava en casa”, pero ese adagio ha propiciado todos los tipos de violencia que ocurren a puerta cerrada en este país que se niega a salir del conflicto. Una vez se vislumbra una esperanza de reconciliación, sucede algún vejamen que nos retrocede sin tregua en las oportunidades de paz. Y no es que hayan existido muchas desde que se firmó un acuerdo de paz forzoso en 2016, rechazado por la mayoría del censo electoral colombiano. Desde esa fecha, quienes tienen la oportunidad de voto en Colombia, han redundado en el desacuerdo con las oportunidades de negociación para finalizar la violencia. Prueba de ello fue la victoria del actual jefe de gobierno y, más recientemente, el apoyo de un sector de la la población a los abusos policiales ocurridos en las últimas semanas.

El 9 de septiembre, día nacional de los derechos humanos, la capital colombiana amaneció con la noticia de que Javier Ordóñez había sido asesinado a manos de la Policía Nacional en un flagrante abuso de por lo menos dos servidores públicos. El recibimiento de la noticia envileció la reacción por parte de la ciudadanía. A esa fecha ya se contaba más de medio centenar de masacres ocurridas en 2020 en todo el territorio nacional; pero, como es habitual en los países centralistas, a pesar de lo crudo que puede resultar para los citadinos leer todos los días acerca de la muerte y desapariciones colectivas de sus paisanos, el malestar seguía conteniéndose. Sucedía, al tiempo, que como todo lo que ocurre en las regiones (provincias) de Colombia se desconocían los autores materiales de esos muertos que nos dejaba la peste de la violencia.

Por ello, la reacción de los bogotanos fue incontenible cuando se publicó el video en el que dos policías sometían con tasers a Javier Ordóñez mientras él suplicaba por su vida. Se trató de un asesinato en la capital del país con hombres legalmente uniformados que juraron proteger la vida y la integridad de sus compatriotas, “porque nadie siente tanto desdén por los pobres diablos como los pobres diablos con uniforme”, como lo había escrito Ernesto Sábato. Este acto criminal desató la furia de una ciudadanía que ha sido violentada, amenazada y sobornada por una institución a la que solo le queda la credibilidad de algunos desprevenidos votantes fieles al partido de gobierno. En reacción, la noche del 9 de septiembre, fueron destruidos 53 de los Comandos de Acción Inmediata (CAI) ubicados en Bogotá. Pese a la reacción conciliadora de Claudia López, la alcaldesa del distrito capital, la respuesta de la Policía Nacional, en desobediencia a su jefe natural, fue el uso de armas de fuego en contra de los manifestantes, que dejaron 305 heridos y 10 fallecidos civiles en tres días de protesta.

El 13 de septiembre, López convocó a un acto de reconciliación para las víctimas de los hechos ocurridos durante la semana; acto en el que la silla vacía del presidente de Colombia fue la ausencia más visible, aunque no la más sorprendente, pues es conocido que la silla presidencial de esta nación la ha ocupado una figura deslucida e incompetente los últimos dos años. Esa incompetencia ha sido una de las grandes responsables de que este pueblo haya sido capaz de olvidar una pandemia para volcarse a las calles porque no resiste más el maltrato y las violaciones a los derechos humanos que no cesan de ocurrir.

Hace menos de un año, el 21 de noviembre de 2019, inició en Colombia un paro nacional que auguraba el malestar generalizado de la población por los motivos expuestos: el incumplimiento de los acuerdos de paz, la reforma tributaria que extendía el cobro de impuestos, la constante vulneración del Estado de derecho y el cansancio generalizado de un gobierno fracasado. El 21 de septiembre de este año se convocó nuevamente a un paro nacional menos nutrido, más lacerado.  El mismo día fueron judicializados los dos policías que aparecieron el video acribillando a Javier Ordóñez. El clamor generalizado es una reforma a la Policía Nacional; la presión que han ejercido las protestas obligó a que el caso de esos dos uniformados se asumiera con prontitud, sin embargo, el sector de la población que aún duda de la extralimitación de poderes de esa institución legitima la inoperancia del gobierno nacional y de su ministerio de defensa.

Hay miedo y cansancio en la población colombiana, por eso no es posible seguir lavando la ropa sucia aquí únicamente, clamamos por una ayuda que promulgue la garantía de derechos. Eso no hace de este un país socialista ―la pesadilla más grande que la historia reciente ha vendido en este país―, lo hace vivible. Más allá de esto, desde estas letras esperamos que no nos llegue una vez más la peste del insomnio que nos ha asolado cada tanto desde la primera vez que se publicó en 1967 bajo el nombre de Cien Años de Soledad; la espera está en que esta peste que nos ronda actualmente no traiga como consecuencia, cuando se vuelva al pico de contagio, la pérdida de la memoria y su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica: el olvido, y que las exigencias de hoy se desvanezcan en la cotidianidad de nuestro conflicto una vez más.

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