Por: Héctor Bernardo y Lilibet Enriquez

 

Han pasado cuatro años desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno del entonces presidente  Juan Manuel Santos y la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), hoy partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

El Acuerdo, que se firmó el 24 de noviembre de 2016, puso fin al conflicto armado más largo de América Latina, que dejó 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados. Sin embargo, la violencia y las masacres en ese país no cesaron. Solo en lo que va de 2020 se han sido asesinados más de 260 líderes y lideresas sociales, según índices del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz).

Para entender la situación que vive este país suramericano, Revista 2016 dialogó con Ángela María Robledo, ex candidata a vicepresidenta por Colombia Humana, académicas y destacada figura de la política colombiana, quien hoy integra la Cámara de Representantes de ese país.

- ¿Qué balance hace de estos cuatro años, tras la firma del Acuerdo de Paz?

- Ese Acuerdo de Paz le devolvió a Colombia la esperanza de dejar de ser un país de guerra de guerras, de dejar de ser el país que pasó del siglo XIX al siglo XX con la Guerra de los Mil Días (una guerra bipartidista entre liberales y conservadores) y pasó del siglo XX al siglo XXI con una guerra de guerrillas, absolutamente contaminada con las expresiones del paramilitarismo en Colombia entera, en la Colombia profunda, y con la complicidad de esas fuerzas paramilitares con las Fuerzas Armadas.  

Aun cuando hoy es una paz amenazada, ese Acuerdo ha significado de todas maneras frenar la máquina de la victimización, que en especial ha afectado a la población civil y a los territorios de la Colombia rural, de la Colombia profunda. Y esa paz también significó un cambio en lo que algunos autores llaman la economía de las emociones de la guerra. Poco a poco hemos transitado del miedo, la rabia y el odio a la esperanza, las prácticas de solidaridad y una disposición al perdón como caminos a la reconciliación. Eso ha significado para mí.

Un acuerdo que, hoy amenazado, tiene algunos avances en su implementación, en especial lo relacionado con la desmovilización y el silencio de los fusiles en Colombia, con la paz negativa, aun cuando sabemos que hoy hay 241 excombatientes, hombres y mujeres, asesinados.

Hay avances en lo referido a buscar la garantía de la vida y la posibilidad de condiciones de rehacer su proyecto de vida desanclado de la guerra. Quizá en ese punto es donde el gobierno de Iván Duque ha mostrado mayor voluntad. En relación con las garantías de derechos de las víctimas, que tienen en Colombia una enorme centralidad y que es uno de los temas que caracteriza este proceso de paz, hay dos normatividades: la Ley de atención a víctimas y restitución de tierras y el Sistema de verdad, justicia, reparación y condiciones de no repetición. Han tenido avances también, pero el gobierno de manera sistemática acosa a la Justicia especial para la paz (JEP), deslegitima la comisión de la verdad, que es la segunda instancia que compone este Sistema de verdad, justicia y reparación y busca obstaculizar la unidad de búsqueda de personas desaparecidas.

Son las victimas en este país, sus voces, sus exigencias, quienes mantienen de alguna manera esa esperanza y la exigencia de que Colombia le diga basta ya a la guerra y también, ojalá, encuentre espacios de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, para poder tener una paz completa. Es una paz amenazada, una paz bajo el asecho, pero con un poder comunitario en los territorios de la Colombia profunda que hoy defienden ese proceso de paz.

- ¿Cuáles son los intereses que están detrás de los asesinatos de líderes y lideresas sociales?

Tiene que ver, primero, con que hay una emergencia de nuevas expresiones del paramilitarismo, con una mayor dispersión, una capacidad letal de operar en dos, tres o cuatro grupos. Unas fuerzas que de nuevo acuden a la masacre como una manera de horrorizar en los territorios a quienes allí habitan. Este año hemos tenido 76 masacres, donde han muerto en especial jóvenes, indígenas y poblaciones afro.

Y también, creo yo, en los intereses de esos paramilitares están los grandes terratenientes de este país, quienes concentran la tierra de manera grotesca. Colombia tiene una desigualdad en tenencia de la tierra cercana al uno del coeficiente de Gini (índice que mide la desigualdad, donde uno es el valor máximo de desigualdad). Eso quiere decir, una condición de desigualdad violenta.

El Acuerdo de Paz permitió que afloraran muchísimos liderazgos de hombres y mujeres en los territorios. Un poder comunitario del que habla Camilo González, el director de Indepaz. Se hicieron visibles esos liderazgos y hoy, en un momento en el que aflora de nuevo el conflicto y no hay una voluntad real de Iván Duque y su gobierno por proteger la paz, ellas y ellos están siendo los principales afectados por las fuerzas paramilitares.

- ¿Qué representa la aparición del grupo autodenominado "Águilas Negras"?

- Las denominadas Águilas Negras, cuyos panfletos, amenazas y condiciones reales de asesinato circulan por toda Colombia todos los días, amenazan a líderes sociales, maestros, políticos y políticas, mujeres defensoras de la vida. Nosotros también nos preguntamos quiénes son. En una reciente sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se conmina al gobierno colombiano y a la Fiscalía General de la Nación para que se haga un ejercicio juicioso, riguroso y exhaustivo para identificar quiénes son las Águilas Negras.

Yo creo que obedecen a estructuras neoparamilitares, con una gran capacidad y una relación muy cercana, incluso, con algunos integrantes de las Fuerzas Armadas. Por la manera como operan, su simultaneidad y su capacidad de destrucción, de estigmatización y de muerte, no puede obedecer a una actuación de sicarios, de grupos independientes que actúan por su cuenta. Creo, de manera contundente, que es un mecanismo que busca seguir atemorizando y convertirse en un factor más de amenazas al proceso de paz.

- ¿Cuál es el camino para conseguir la paz definitiva?

- Persistir en el acuerdo de paz. Ayudar, apoyar e impulsar que en Colombia entendamos que este acuerdo no fue solamente una negociación entre el gobierno y la guerrilla, sino que buscó remover condiciones estructurales de la guerra: la concentración de la tierra, el sistema político absolutamente cerrado frente a opciones alternativas y progresistas, el negar que teníamos un conflicto que obedecía a causas políticas, y que de alguna manera reconocía que la figura de la rebelión está contemplada en nuestra constitución y tenía que buscarle espacios para la negociación. Hay que seguirle sumando ciudadanía, apoyo a este proceso de paz.

Y, por supuesto, para el 2022 encontrar una convergencia afincada en la ciudadanía, que más allá de los partidos políticos, hagan realidad nuestro Artículo 22 de la Constitución, el derecho y el deber de vivir en paz, afincada en esa ciudadanía que quiere vivir en paz y con justicia social. Una gran convergencia política que nos permita que llegue a la presidencia y la vicepresidencia, que se renueve el congreso de la República y que Colombia tenga, como decía García Márquez, una segunda oportunidad sobre la tierra.

Este es un país que nunca ha tenido una oportunidad real para las fuerzas progresistas y democráticas. Es un país que se ha repartido el poder sobre unas clases políticas tradicionales, corruptas, quienes también han acudido a la violencia para imponer su poder en los territorios. Es tiempo de que esas ciudadanías libres, diversas en sus causas, pero con un anhelo común, podamos ser opción de poder para Colombia.