Por: Lilibet Enriquez y Héctor Bernardo

Según reveló una investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 2002 y 2008, al menos 6.402 personas fueron asesinadas por el Ejército de Colombia y presentadas como muertas en los enfrentamientos con la guerrilla de ese país. Durante el gobierno del expresidente ultraderechista Álvaro Uribe (2002-2010), y con Juan Manuel Santos como ministro de Defensa, el Ejército secuestró y asesinó a miles de personas, quienes luego fueron vestidas como guerrilleros y guerrilleras para hacerlos pasar como bajas en combate.

A las víctimas de esos actos de terrorismo de Estado se las conoce como falsos positivos, asesinatos extrajudiciales que luego fueron presentados por el Ejército colombiano como muertes en enfrentamientos. En muchos casos, fueron campesinos pobres a los que el Ejército mató y mostró como guerrilleros, para convencer a la opinión pública de que estaba ganando la guerra a la insurgencia.

La investigación de la JEP en el “Caso 03, conocido como el de falsos positivos”,  establece que “por lo menos 6402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. El 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo”.

Esta cifra es tres veces mayor que la reportada por la Fiscalía, que había  informado sobre 2248 víctimas de falsos positivos, en un periodo que abarcaba desde 1988 a 2014.

Por su parte, la JEP señaló que “las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica” y que “las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009”.

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP señaló que Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta serán las regiones priorizadas en la investigación sobre los asesinatos de esas personas por parte del Ejército Nacional y aclaró que investigará los casos desde el nivel local de responsabilidad hasta el nacional.

Desde la red social Twitter, la excongresista colombiana y activista de derechos humanos, Piedad Córdoba aseguró que “30 militares descarriados no matan 6.402 muchachos inocentes sin que los altos mandos militares y políticos se den cuenta. ¿Cuándo responderán?”.

Y agregó que “Colombia no ha dimensionado aún la magnitud del HORROR que fue matar más de 6000 jóvenes inocentes para mostrar resultados. Piensen en las familias que los perdieron, en la degradación moral de los asesinos, en la perversión del Estado”.

El senador Iván Cepeda también se prenunció en Twitter: “Ante la impunidad en Colombia de Álvaro Uribe por crear la política de seguridad bajo la cual se perpetraron miles de ‘falsos positivos’, las víctimas deben llevar su caso a la Corte Penal Internacional”.

Asimismo, la excandidata a vicepresidenta por el partido Colombia Humana, Ángela María Robledo dijo en esa red social: “Asesinaron 6402 jóvenes para decirle al país que estaban ganando la guerra y así prolongarla; los asesinaron para sumar popularidad. Hoy los verdugos luchan para que se olviden sus crímenes y para no quedar en una zanja de la historia. Junto a la JEP, tendremos verdad y justicia”.