Por: Héctor Bernardo y Lilibet Enriquez

En una histórica jornada, el pueblo de Chile va a las urnas para elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales y 155 constituyentes que van a conformar la Convención Constitucional para redactar la nueva Carta Magna de ese país. Para algunos estas esperadas “mega elecciones”, en las que están en juego 2.613 cargos de elección popular, son las más importantes en la nación desde el plebiscito que marcó el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Por primera vez, desde que ese país retornó a la democracia, los gobernadores regionales serán electos por elección popular, cuyo cargo tiene el objetivo de reemplazar a los actuales intendentes, quienes hasta ahora eran nombrados por el propio Presidente de la Nación. Sin embargo, también se introduce la figura de los delegados del Gobierno, uno por región, que designará el Ejecutivo.

Los más de 1.300 candidatos a conformar la Convención Constitucional, entre ellos miembros de la sociedad civil, militantes de partidos políticos tradicionales y varios exministros del actual gobierno de Sebastián Piñera, que recientemente renunciaron a sus cargos militantes de partidos tradicionales e independientes, se distribuyen en 28 distritos, que eligen de 3 a 8 representantes de acuerdo a la cantidad de habitantes. Los elegidos tendrán nueve meses para presentar un nuevo texto (un plazo que podría ampliarse tres meses más por única vez) y, luego de ese plazo, será plebiscitado para su aprobación o rechazo por parte del pueblo chileno.

La Convención Constitucional contará con paridad de género y representación indígena: de los 1.373 candidatos, 649 son mujeres y 629 hombres, a los que se suman los 95 candidatos y candidatas indígenas, que solo pueden ser votados por aquellos que se autoclasificaron como tales en el padrón electoral. De los 155 escaños del órgano, 17 son para los pueblos originarios y se estima que más de un millón de votantes de este sector tendrán que recurrir a las urnas.

“Estas elecciones son un hito importante en la dinámica de los procesos políticos en Chile y también en América Latina, porque tuvo que abrirse ese sistema institucional que la dictadura cívico-militar de Pinochet se encargó de blindar, yéndose con una Constitución vigente hasta ahora, asegurándose el manejo de los resortes de poder económico y político para la élite que se benefició de aquella dictadura y se siguió beneficiando con este sistema institucional, que bajo las formas de un proceso democrático liberal garantizó la continuidad de la dictadura del capital en su cara más salvaje”, dijo a Revista 2016 Paula Klachko, coordinadora del Capítulo Argentino de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad.

“A partir de las luchas populares, que fueron creciendo, porque por más que la consigna que resume la insurrección popular espontánea que comienza en octubre de 2019 se sintetiza con Chile despertó, hubo todo un proceso anterior de lucha que se fue dando, tal vez más fragmentadamente, pero aun así masivo: la lucha del pueblo mapuche, de las No más AFP, de las y los estudiantes y trabajadores de algunas ramas fundamentales, como los portuarios. Todo eso, que luego va a confluir en la insurrección que comienza en 2019, forzó a que este sistema institucional blindado se tuviera que abrir a la participación”, explicó.

En octubre de 2019 estalló en Chile una ola de masivas protestas, que comenzaron en contra la suba en el precio del boleto del subte y rápidamente se transformaron en un grito popular por un modelo socioeconómico más justo, que puso en jaque las estructuras del poder económico y político de ese país. La represión desatada por el gobierno de Piñera como respuesta a las movilizaciones, dejó una treintena de muertos y miles de heridos. 

Finalmente, el estallido del pueblo chileno logró que se votara un plebiscito para redactar una nueva Constitución que sustituya a la actual, considerada por muchos como el origen de las grandes desigualdades del país ya que sienta las bases de la privatización de servicios básicos como el agua, la salud y las jubilaciones.  El 80% votó SI a la consulta popular para reemplazar la actual constitución y más del 79% votó por hacerlo en la forma de una Convención Constituyente, rechazando una Convención mixta con una participación del 50% de políticos. 

La decisión de grandes franjas del pueblo fue la opción del apruebo la reforma constitucional, eligiendo a constitucionales constituyentes por fuera del parlamento, explicó la doctora en Historia. Pero, alertó “también se intentó cerrar lo más posible y meter trampas en ese proceso electoral: luego esta Constitución tendrá que ser aprobada en un plebiscito popular y por no menos de los dos tercios del Parlamento. Por lo tanto, la partidocracia establecida, que ahora no se renueva, va a terminar teniendo poder de veto”.

“La fuerza de la lucha del pueblo, desde abajo, desencadenó el llamado a las urnas. Sin embargo, sabemos el juego de las elites dominantes: cuando no pueden dominar tranquilamente, desplegar su hegemonía con cierta tranquilidad y estabilidad, cuando la presión popular es tan fuerte y en las calles y de manera sostenida y continuada, como mostró el pueblo chileno con una altísima disposición al combate, poniendo el cuerpo, arriesgándose a quedar ciego o a morir, siempre van al gatopardismo, cambiar algo para que nada cambie, intentando que no cambie el núcleo central de sus intereses, que tiene que ver con sostener sus privilegios de clase”, aseguró.

“En esta pulseada hay esa dialéctica, por un lado a la elite no les queda otra que abrir los canales institucionales  para intentar canalizar esas demandas, pero tampoco significa que el régimen las termine de fagocitar. Al abrir el campo institucional también el desenlace está por verse. Entran en juego las relaciones de fuerzas políticas, las disputas, la fuerza de los distintos proyectos que van a pugnar. Por supuesto que la cancha está inclinada, porque las elite cuentan con infinitamente más recursos que el campo popular en sus diversas expresiones”, explicó la académica.

Klachko remarcó que “es un hecho histórico, porque se va a reformar la Constitución heredada del pinochetismo y ese proceso se da en un momento de disputa por dentro de las instituciones. Una Constitución nacional es una cristalización de un determinado momento de las relaciones de fuerzas políticas, que expresa disputas e intereses más estructurales, que su vez se traducen en proyectos de país. Hasta ahora está vigente como modelo hegemónico el modelo represivo neoliberal pinochetista, que encorsetaba todo el régimen político de tal manera que, gobierne quien gobierne, se veía enmarcado en ese proyecto. Era muy difícil entonces acometer cambios sin reformar este texto y sin una voluntad y una fuerza política que imprima otra dirección a los hechos”.

“Es un camino que se abre y dibuja una polarización política muy importante. La derecha también se fascistiza y se fortalece en sus posiciones ultraneoliberales y ultraracistas, pero al mismo tiempo emerge, con mucha diversidad, un proyecto más cuestionador del modelo neoliberal y represivo vigente, que es muy interesante porque corre el escenario. Se polariza más, pero se pasa de esa coalición muy moderada socialdemócrata, expresada sobre todo en los gobiernos de Bachelet, que no lograron realmente cambiar nada en la sociedad chilena, y ahora si se ven expresiones que muestran la convicción, con fuerza popular y con base social, a un proyecto mucho más cuestionador del núcleo de ese modelo liberal, que tiene que ver con la privatización de los bienes naturales y sociales, con otra redistribución del ingreso, con la desmercantilización de la vida, reducir la hipervigilancia increíble que tenía esa sociedad”, sostuvo.

La académica explicó que “tal vez es muy pronto para reflejar con un resultado favorable al pueblo esa potencialidad que se expresó con el proceso insurreccional abierto en octubre de 2019, porque como todo proceso de lucha que emerge, diverso y plural, no es tan sencillo encontrar referencias políticas que puedan librar de manera unificada la disputas en el campo institucional o en la superestructura política. Pero lo importante es que en Chile se rompió el consenso neoliberal, ese hipercontrol y hasta autodisciplinamiento metido en los cuerpos, esa República privatizada e hipermercantilizada y ahora está esa fuerza de la lucha en la calle, pugnando por una radicalización democrática”.

“Eso es muy auspicioso e impacta en toda Latinoamérica, en un momento donde también en Colombia hay un proceso insurreccional en marcha y un resurgimiento de algunos gobiernos progresistas en la región. Esa lucha desde abajo, en países donde hay gobiernos de derecha, junto a gobiernos de signo popular en algunos estados muy estratégicos, por ejemplo el de México y Argentina, expresa un momento interesante para América Latina y de mucha polarización, porque cuando los pueblos demuestran esa voluntad de lucha, del otro lado despiertan los peores monstruos”, concluyó Klachko.