Por: Patricio Ballesteros Ledesma

 

La Argentina necesita dólares: es la frase que, tanto políticos como economistas, repiten como un mantra desde siempre. Pero no como un refugio de valor, como puede buscar un inversor minorista ante la depreciación del peso, sino para afrontar gastos en esa moneda, como cualquiera para viajar al exterior o comprar una propiedad en el país.

El país los obtiene de forma genuina al comerciar con el exterior y al recibir al turismo extranjero, y también cuando recibe un préstamo internacional, y le permiten realizar compras en el extranjero (importar máquinas, piezas, insumos y servicios) y pagar deudas contraídas en esa moneda en los organismos de crédito o a los acreedores privados.

Las reservas del BCRA, que hoy rondan los US$43.000 millones, representan el atesoramiento de las divisas del Estado, aunque las netas no superan US$6.200 millones y las de libre disponibilidad son mínimas. En el primer semestre del año, por la liquidación de las cerealeras, la acumulación fue muy buena y en agosto ya sumaba US$7.600 millones.

Para contener la cotización del dólar oficial y los paralelos, el banco central interviene en el mercado de cambios y participa de la compraventa. El problema es que sólo en septiembre vendió US$1.400 millones de reservas, y por la regulación del cepo y la especulación devaluatoria la sangría continúa mes tras mes.

En 2021, las exportaciones argentinas sumarían alrededor de US$70.000 millones, con un superávit cercano a los US$15.000 millones. Sin embargo, la pesada deuda con el FMI lleva a que esa gran cantidad de dinero, en lugar de destinarse al desarrollo interno, obras de infraestructura y la reactivación económica, se deba reservar en gran parte para cancelar pagos con el fondo monetario.

Desde enero se pagaron US$2.800 millones, todavía restan cancelaciones por otros US$2.300 millones y las reservas disponibles resultan insuficientes para esa erogación y las futuras establecidas.

A fines de septiembre si hizo un primer pago de capital por US$1.880 millones, tal como había acordado Macri en el “stand by” de 2018, cuando se estableció un nivel de préstamos de hasta US$56.300 millones, de los que se desembolsaron US$44.200 millones.

Un nuevo acuerdo de refinanciación antes de fin de año podría calmar el ahogo financiero al que se enfrentan las arcas públicas y cortar la incertidumbre, sobre una deuda con el organismo que hoy asciende a US$45.455 millones por los intereses y el tipo de cambio.

Según el actual cronograma sin refinanciación a la vista, en los próximos tres años se deberían pagar US$43.146 millones (un monto equivalente a las actuales reservas totales del BCRA), de los que US$19.020 millones vencen en 2022.

Por eso es que, a fin de octubre, Alberto Fernández y Martín Guzmán, viajaron a Roma para reunirse con la titular del organismo y buscar consensos con mandatarios europeos en el medio de la negociación de la deuda, que en las condiciones en que fue tomada resulta impagable a los ojos de todos.

[Las divisas necesarias, también para pagar deudas]

El dilema plantea una encrucijada sin salida: si se paga la deuda no se puede crecer y si no se paga tampoco se puede crecer. Las dos alternativas dejan de serlo al tiempo que ambas tienen resultados negativos. Mientras se negocia, se paga, ese es el sentido de responsabilidad del que habla el ministro de Economía argentino.

Guzmán funciona más como un ministro de Deuda que de Economía, y no es para menos: ya desde antes de asumir tenía muy en claro cuál iba a ser su rol y cuáles eran sus fortalezas en esa área. Cualquier sabe que si no se hubiera tomado ese volumen de crédito, aún con la pandemia sufrida, las cosas hubiesen sido muy diferentes.

No es contra fáctico, semejante nivel de endeudamiento con una promesa de pago inverosímil no es sustentable, y además compromete cualquier política pública por décadas. Esa nueva deuda se suma a las anteriores y asfixia a las arcas públicas. En el sector productivo e industrial también tiene consecuencias negativas, a nivel comercial y financiero. A nivel social, mejor ni hablar.

Alberto Fernández dejó en claro que no iba a pagar el acuerdo firmado por el anterior gobierno nacional si eso significaba poner en riesgo al pueblo, aunque éste ya registra un nivel de pobreza, desocupación e inflación de alimentos insostenible. Y el nuevo endeudamiento agravó estas situaciones, en lugar de contribuir a mitigarlas.

Con los acreedores privados se logró una negociación favorable y la quita de casi US$37.700 millones, pero una cosa son los bonistas y otra muy diferente el FMI. En esa instancia, hubo idas y vueltas, pero el ministro Guzmán pudo destrabar el desafío y, aunque no es para celebrar después de todo, el país logró un acuerdo.

Mientras continúa la negociación con el FMI, y a la espera de un plan de facilidades extendidas, gran parte de la población continúa en una situación económica crítica aunque la macro muestra signos de mejora, y por ahora no se dejó de pagar ningún vencimiento.

No se usaron recursos propios, sino que se recibió y reenvió parte del dinero que ofreció el FMI a los países miembros (DEG, derechos especiales de giro), para reforzar la liquidez mundial afectada por la pandemia.

Claro que esa ayuda de poco más de US$4.330 millones fue igual para todas las naciones pero no proporcional: no se tomó en cuenta el tamaño y situación de sus economías. Más allá de ese punto, y para no incumplir, la Argentina ya decidió utilizar una parte de esos fondos para cancelar vencimientos de este año.

Así se resolvió otro dilema que la realidad planteaba, si aprovechar ese desembolso como un fondo post Covid-19 o cancelar deuda, aunque las consecuencias de la pandemia 2021 no fueron tan diferentes que las del año pasado para millones de argentinos. Incluso, con el mercado laboral todavía parado y el agravante del IPC de alimentos a un ritmo acelerado.

[La pesada carga del último acuerdo con el FMI]

Tras varios años recesivos y con estanflación, pandemia incluida, la Argentina arrastra un stock de deuda externa bruta que ronda US$270.000 millones, que no sólo hipoteca el futuro de todos sino que es el principal freno a un uso de las divisas de las exportaciones en beneficio propio en este contexto crítico.

Aunque era el eje de su participación en la COP26 en Glasgow, en la Sesión Plenaria de la Cumbre de Líderes del G-20 el 1 de noviembre, el Presidente adelantó su estrategia alternativa para no tener que sacrificar cada dólar que entra al país, con la idea de canjear deuda externa por acción climática y buscó apoyo para la baja de las sobretasas que el FMI le impone al país.

Durante su exposición en la capital italiana remarcó la prioridad de avanzar en acuerdos sostenibles en materia de deuda externa, y pidió financiamiento genuino para el desarrollo. “Hay que reformular el sistema de calificación crediticia, para que la dimensión ambiental no castigue a los países en desarrollo, aumentando el costo de la deuda soberana y el pago de intereses”, dijo el presidente.

Parte de la deuda contraída con el FMI en la gestión anterior significó fuga de capitales, y no es menor el dato de que existen fuera del sistema más de US$140.000 millones propiedad de argentinos. Quizás sean más, nada es comprobable en detalle.

Y esos no son los billetes de pequeños ahorristas comprados en una cueva y guardados en el colchón, sino enormes carteras de grandes inversionistas girados a paraísos fiscales. Durante el blanqueo de capitales de la era Mauricio Macri se exteriorizó una parte y eso demostró el caudal parcial de la fuga desde el país.

Tampoco es de extrañar que se diga que por el río Paraná, salen “exportaciones” por una cifra cercana a los US$25.000 millones que no se declaran, nadie controla y evaden los respectivos tributos al Fisco.

Entonces, ante la necesidad de dólares que impone el endeudamiento, aún con un programa de facilidades que estuviera encaminado, la única manera de conseguirlos es aumentando las ventas externas y en muy menor medida con el turismo extranjero.

Incrementar las exportaciones a US$100.000 millones desde el nivel actual no es imposible, de hecho el agro y la industria tienen capacidad instalada ociosa que podría soportar ese gap en el corto plazo, pero como admiten empresarios y funcionarios, requieren de toda una serie de políticas y herramientas para lograrlo.

[Más exportaciones son más dólares y empleos]

En agosto del año pasado, el Consejo Agroindustrial Argentino le presentó al Gobierno un documento que plantea la posibilidad de aumentar las exportaciones totales a ese monto en 2030, junto con la creación de 700.000 nuevos puestos de trabajo.

El Presidente se reunió en esa visita a Olivos con los principales empresarios del CAA, que nuclea a más de 40 entidades, y analizaron cómo reactivar el potencial sectorial para exportar y generar empleo pensando en la post pandemia.

Bajo el título: “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal”, proponían la estabilidad fiscal en los tres niveles del Estado por 10 años, fomento a la inversión, un régimen especial de amortización acelerada, programas de prefinanciación de exportaciones a tasas internacionales y una agenda agresiva para el acceso a los mercados y negociaciones internacionales.

Luego, este año, con la interrupción parcial de las exportaciones de carnes, las relaciones se tensaron y todo lo bueno de aquel encuentro demostró que la coyuntura y las ambiciones de los planes de largo alcance siempre colisionan.

No se puede aspirar a venderle al mundo a un precio internacional, más aún alimentos de primera necesidad o de tradición culinaria, si los mismos productos no tienen un precio razonable y ajustado a los ingresos de los consumidores locales.

En el tira y afloja, el Gobierno frenó embarques, que luego restituyó, hubo reuniones, conversaciones, amenazas y en el medio se llegó a un acuerdo que pisó los aumentos pero los precios quedaron altos.

Las pujas de precios internas deberían resolverse antes de pensar en los grandes objetivos del comercio exterior, sobre todo en el rubro alimentación, sino siempre tropiezan con los desajustes periódicos y las medidas correctivas del caso.

Se pueden establecer prioridades y armonizar ambos mercados: así como existe la cuota Hilton y ahora la China, también se debe establecer la cuota argentina, para abastecer el consumo interno con volúmenes coherentes a valores locales.

Ajustar por precio en este contexto no sólo disminuye el consumo interno y genera inflación, sino que pone en riesgo el lucrativo negocio internacional de este y otros productos. Pasó con la carne, y antes con el trigo y los lácteos, pero así no es viable consolidar las ventas externas de alimentos y ganar nuevos mercados.

[Incluir más sectores, más pymes y más mercados]                                  

El CAA planteaba la necesidad de plasmar los principales puntos de su plan en una ley confeccionada en una mesa nacional exportadora en el ámbito legislativo para tratarse antes de fin de 2021. De lograrse este objetivo prevé que las exportaciones podrían incrementarse en US$16.000 millones para 2025 y generar 700.000 empleos nuevos entre directos e indirectos.

A mediados de octubre, el Gobierno presentó en Cancillería el Plan de Exportaciones para el Desarrollo 2022, con las presencia de los ministros Santiago Cafiero, Matías Kulfas y Julián Domínguez. Es una suerte de respuesta acotada de aquel plan presentado por la agroindustria el año pasado, que incluye algunos de los pedidos de aquel documento y persigue un objetivo afín.

El canciller comentó que se llevan ocho meses consecutivos de crecimiento de las exportaciones y que, además del aumento en los precios internacionales, el incremento se debió a una dinámica positiva en las MOI (manufacturas de origen industrial), y a la mayor cantidad de empresas que empezaron a exportar o retomaron las ventas externas. “Necesitamos que muchas más pymes puedan colocar su producción en otros países y apostar por un bloque regional que traccione”, declaró Cafiero.

En otro momento de la presentación, el ministro agregó: “Tenemos que ser pragmáticos. No hay espacio ni tiene sentido ideologizar la política comercial. Tenemos que poder avanzar con la generación de los mecanismos necesarios para que la producción y el empleo argentinos crezcan y tengamos un nivel creciente de exportaciones y saldo comercial”.

También estuvo el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Copal, Daniel Funes de Rioja, que hizo referencia a las propuestas del sector privado y puntualizó: “La Argentina necesita asumir el desafío exportador porque eso no sólo nos agranda la dimensión del mercado interno, sino que potencia nuestra capacidad para generar divisas y mercados, mejorar nuestra competitividad, tecnología y calidad de mano de obra agregando valor a nuestro producto”.

Este plan 2022 propone el desarrollo de sectores estratégicos con capacidad exportadora como hidrocarburos, electro movilidad, minería, agroindustria, biotecnología, industria forestal, pesca y agricultura, economía del conocimiento, sector servicios y en particular turismo.

Con una mirada federal y especial énfasis en las pymes, se busca incrementar el valor agregado exportable de provincias y regiones, y la diversificación en la composición sectorial y productiva de la canasta exportadora argentina.

La globalización en la post pandemia abre una multiplicidad de oportunidades para el comercio internacional. No hay dudas de que se puede exportar más, la capacidad instalada, los nuevos emprendimientos y la evolución lo demuestran. El sector público y el privado coinciden es que hay que hacerlo, pronto.

Tampoco hay dudas de que la Argentina necesita incrementar su provisión de dólares, tanto para importar lo que no se produce y lo que es necesario para poner en marcha a la industria, como para afrontar los pagos de la descomunal deuda improductiva que contrajo el anterior gobierno y que pone un freno importante a todo lo demás.