Por Héctor Bernardo 

El gobierno de Gabriel Boric envió un contingente militar a las fronteras con Perú y Bolivia con el fin de controlar la migración que llega desde esos países hacia Chile. Los militares se instalaron en las fronteras este lunes 27 de febrero y permanecerán allí, al menos, por noventa días. Tras ello, el Congreso deberá aprobar la continuidad del operativo.

El ministro subrogante de Defensa, Gabriel Gaspar,  informó que seiscientos efectivos serán destinados a distintos puntos de las áreas limítrofes de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo tener la esperanza de que la medida tenga un “efecto disuasivo” para frenar la llegada de migrantes.

El decreto del presidente Boric indica los militares podrán realizar controles de identidad, fiscalizar equipajes y detener a personas que ingresen por puntos no autorizados.

La medida fue criticada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile. Según la agencia de noticias Prensa Latina desde el INDH “se envió un oficio a los ministerios del Interior y Defensa para conocer los protocolos empleados por las Fuerzas Armadas en los controles de identidad”.

En su cuenta oficial de Twitter, el Ejército chileno se informó: “Nuestros #soldados ya están actuando bajo el nuevo Decreto Supremo N° 78, el que ha permitido realizar operativos de control de identidad, registro y retención de inmigrantes que han ingresado de forma ilegal al país”.

El gobierno de Boric parece ceder a las críticas de la derecha que, desde los medios hegemónicos del país, instalaron la idea de una “inmigración descontrolada”. 

El discurso mediático acentuó los movimientos reacciones de grupos del norte chileno que con carteles que decían “Chile para los chilenos”, realizaron manifestaciones con clara connotación xenófoba.

Según se señala en el texto del decreto presidencial existe “un aumento de los flujos migratorios en el país, que ha provocado la llegada masiva de población a través de pasos no habilitados”.

En el documento, el gobierno autoriza a los militares a “realizar controles de identidad y detener a personas que ingresen o egresen por un paso no habilitado de la frontera”.