jueves 22 de octubre de 2020 - Edición Nº687

Geopolítica | 1 sep 2009

El protectorado

Las bases son un hecho. Las soluciones políticas para Colombia quedan relegadas a un segundo plano. América Latina asiste a un nuevo panorama en el que se mezclan debates, propuestas y la militarización como última respuesta por parte de los Estados Unidos.


Bases norteamericanas en Colombia

Por Diego Otondo

La muerte de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano desató una circunstancia resultante unánime: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se agotaron y su proceso, irremediablemente, condujo al camino de la lenta agonía. Pero para el presidente Álvaro Uribe este hecho puntual no significó demasiado. Por obra y gracia de la causalidad, un condimento especial al golpe de Estado perpetrado en Honduras sigue en marcha: la instalación de nuevas bases militares norteamericanas en Colombia, acto seguido al cierre de la base de Manta en Ecuador.

La columnista del diario El Tiempo de Bogotá María Jimena Duzán se preguntó: ¿Somos el Israel de la región? El sentido de la pregunta oficia como disparador para comprender el papel de Colombia en la región. En este sentido, la mutación de los acontecimientos desde la constitución del Plan Colombia hasta la fecha es el resultado de la agenda norteamericana, y Bogotá es un cheque en blanco para que la fuerza militar adquiera un papel protagónico en detrimento de una cohesión política regional. Es este camino el que une los anhelos israelíes en Oriente Medio y la visión general de Uribe con respecto a Colombia.

La suma de las cualidades que la agenda norteamericana tuvo luego del 11 de septiembre de 2001 potenció la capacidad de tomar como propios aquellos postulados por parte de Colombia. Los “rebeldes políticos” que actuaron durante 50 años escalaron los peldaños hasta ser considerados “terroristas”, siguiendo la nueva Doctrina de Seguridad Nacional presentada en el año 2002. Es por ello que la muerte de Reyes fue calificada por los Estados Unidos -en contra de las resoluciones emanadas de la Organización de Estados Americanos (OEA), que rechazó la incursión militar colombiana en Ecuador- como una legítima autodefensa, pasando por encima al derecho internacional y a las premisas políticas latinoamericanas. Del lado colombiano, el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos justificó la incursión: “golpear a terroristas que sistemáticamente están atentando contra la población de un país, así estos no se encuentren dentro de su territorio, es un acto de legítima defensa…”

Para subir la apuesta, Uribe expresó que el conflicto colombiano era potencialmente más peligroso que la situación en Irak. Llegó a pedir hace unos años que las tropas norteamericanas fueran trasladadas desde el Golfo Pérsico hasta el Caribe. Semejante petitorio, revestido ideológicamente en el contexto de una guerra global contra el terrorismo, exacerbó el papel militar, que adquirió una alta relevancia en la medida en que la política fue perdiendo terreno. El combate contra las FARC o el narcotráfico sirve de excusa para la presencia norteamericana, la “guerra permanente” que como objetivo final tiene en sus postulados la extinción total de la guerrilla.

El ilusionista

La nueva relación de Estados Unidos con América Latina, luego de la cumbre realizada en Trinidad y Tobago, sólo significó una formalidad por parte de Barack Obama. La ilusión adquirió relevancia cuando la secretaria de Estado Hillary Clinton manifestó su preocupación por la influencia de actores extrahemisféricos como Irán y China. La preocupación, a la que se suma Brasil y sus elementos de poder potenciales, está siendo llevada al plano militar para ahogar políticamente algunos avances en la región.

La política militar del Comando Sur pone en marcha sus directivas directamente desde el Pentágono y se articula, como explica el analista Juan Gabriel Tokatlián, sin instancias interiores como el Departamento de Estado o de Justicia. Las instancias políticas en Naciones Unidas o en la OEA quedan imposibilitadas, anuladas o a simple gusto del líder, para debatir las controversias o para la aplicación de sus resoluciones.

La autonomía y la integración política o el desafío que representa Brasil sin una Doctrina de Seguridad Nacional, como en la vieja época de la bipolaridad, recorre los caminos que George Bush hijo supo transitar: alianzas bilaterales que generan incertidumbre y, como último objetivo histórico, la fragmentación política o, lo que es lo mismo, ausencia total de una mirada estratégica conjunta. Colombia es esto. Es el valuarte de llevar a cabo una vieja máxima: que los Estados Unidos y la comunidad internacional se acerquen, por invitación, a solucionar lo que la periferia caótica no puede.

“Creo que no todos los demás países de América Latina están preparados para enfrentarse ante tal fenómeno, ni creo que estén suficientemente alertas”, dijo la ex ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez luego de la liberación sui generis de Íngrid Betancourt. El diagnóstico y la visión de América Latina en las palabras de Ramírez se acercan a la percepción norteamericana de influyentes círculos que desean incluir a Colombia en América del Norte, de acuerdo a su situación interna y en detrimento de la atención que pueden generar los países restantes del subcontinente.        

El vaso medio lleno


La derrota militar es sólo cuestión de tiempo. La frase tuvo amplia aceptación. Sin embargo, las bases son un hecho. Lo militar es un hecho a pesar de la derrota como presagio. El Plan Colombia, que fracasó en su objetivo primigenio, la lucha contra las drogas, destina el 80% al uso de la fuerza mientras el restante 20% está destinado a cuestiones sociales. La guerrilla o el narcotráfico, concebidos como un tema político en el primer caso o de salud pública en el segundo, se convirtieron en temas de seguridad, de securitización, cuyo objetivo final entorpeció su solución y fragmentó las diversas posturas. Como línea de continuación, lo que primero estaba destinado al combate contra el narcotráfico se convirtió en una lucha contra cualquier forma de insurgencia.

Los efectos colaterales de lo que sucede en Colombia se manifiestan en qué significa el escenario colombiano para cada uno de los países que integran América del Sur. En este sentido, Unasur, como componente político de integración, tiene la difícil tarea de contestar una pregunta que marcará el camino estratégico conjunto: qué hacer frente a los Estados Unidos y su mirada hacia el hemisferio, cómo contrarrestarla. El destino integracionista tiene como escollo a un Estado que precia sus vínculos con la superpotencia para lograr el fin de un conflicto que atañe a vecinos como Venezuela, Ecuador y Brasil.

Las últimas cumbres realizadas con la misión de discutir la instalación de las bases han tenido resultados ambiguos. La ausencia de Uribe en Quito y la aceptación de la política colombiana como un principio de no injerencia en los asuntos internos, marcó que todavía la propuesta de fondo planteada por Cristina Fernández de tomar una iniciativa conjunta en materia de seguridad (doctrina común de defensa), está lejos de concretarse (ver recuadro).

El Consejo Sudamericano de Defensa, todavía en proceso de constitución, es el objetivo de Washington. Según el historiador Luis Moniz Bandeira, las bases tienen como misión establecer los impedimentos necesarios para su creación. Y agregó que “Uribe está transformando a Colombia en un protectorado de los Estados Unidos de América”. Para Carlos Gaviria Díaz, presidente del partido opositor Polo Democrático Alternativo, “se necesita en Colombia un gobierno más democrático que tenga una percepción del conflicto más integral y que proponga soluciones integrales”. Pero Uribe y su “seguridad democrática” tiene como perspectiva emular el trato preferencial que Israel a lo largo de las décadas se ha ganado.      

Justicia y paz

La idea de securitización está presente en la génesis política del actual presidente. Tolerancia cero y diálogo político nulo para mantener la situación de guerra permanente funcional con los servicios de inteligencia norteamericanos. Colombia junto con Egipto e Israel son los países que más ayuda militar reciben de los Estados Unidos en el mundo. De acuerdo con la posición “privilegiada”, Uribe resaltó en la cumbre de Unasur que todos deben tener presente que los grupos armados no son beligerantes, sino terroristas.
 

Las intervenciones políticas propuestas por los vecinos con la intención de llevar a cabo un diálogo con las FARC no tienen espacio en el actual contexto. Cuando el Plan Colombia comenzó, allá por el año 2000, hubo un acercamiento –también idas y vueltas- entre Hugo Chávez y Andrés Pastrana. Hoy la apuesta está centrada en no posibilitar la intervención de un interlocutor que tenga acceso a la alta jerarquía de la guerrilla, con la excepción de las potencias de turno. Porque un entendimiento es una derrota política para Bogotá, un desvarío ideológico.

La negación de un proceso de paz que incluya a todos los actores involucrados -y que recuerda a la política israelí con respecto a Hamás-, eleva a lo más alto las banderas norteamericanas. La paz y la justicia son los enemigos principales de quien intenta por medios militares gobernar y administrar el desorden para aplicar una agenda cuyas directrices responden a intereses nacionales absolutamente ajenos a los colombianos.

La conexión que permiten las bases a partir del Comando Sur es la conexión con el Comando Norte en África y la unión con la IV Flota reactivada en 2008. Por otra parte, la inteligencia en Colombia está a cargo de EEUU. Esta razón deshace inmediatamente el tema de la soberanía y de la no injerencia en los asuntos colombianos. La cuestión estriba en con quién se desea compartir o, directamente, ceder algo de aquella soberanía. Y aquí es donde la presencia militar seduce y destruye otras posibilidades de resolución que puedan quedar en manos sudamericanas.

El director del semanario “Voz” Carlos Guillén advirtió que “la guerrilla tiene un origen político innegable y así se le debe tratar. Por eso lo más importante en este caso es priorizar la apertura democrática y social que erradique las causas del conflicto, abrir el país hacia un nuevo estadio político y social”. Y sentenció que la apertura al diálogo o cualquier escenario de paz previsible es “contraproducente” con la política de “seguridad democrática” (Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior).

Doctrinas

Si la Guerra Fría significó para Estados Unidos “contención” y la caída de la Unión Soviética devino “ampliación” en la era dominada por el neoliberalismo, el siglo XXI descargó la doctrina de la “guerra preventiva” y la “supremacía” que no admite competidor alguno. Las nuevas amenazas irrumpieron y se transnacionalizaron, actuando como una guía para la agenda del resto de las naciones. La Iniciativa Mérida en México y el Plan Colombia tienen los mismos parámetros de castigo e intervención.

Muchos países han aportado con sus apoyos la invasión norteamericana de Irak en el año 2003. De acuerdo con las nuevas máximas, los escenarios se fueron modificando y varios puntos en el planeta son motivo de intervenciones armadas. Existe un deseo implícito en diversas naciones que anhelan un poder supremo (EEUU) que guíe sus caminos. Pero como señala el analista Alain Joxe: “la prioridad del control preventivo se justifica por el globalismo de los intereses estadounidenses, no por la modificación de los tipos de conflictos”.

Aunque Uribe explique durante catorce horas que las bases norteamericanas están presentes en suelo colombiano desde hace más de 50 años, los intereses de Estados Unidos signarán sus contenidos e imprimirán su lógica. Este es el aspecto que el presidente ecuatoriano cuestionó en la cumbre celebrada en Bariloche. Son los intereses norteamericanos y no los colombianos los que están actuando en nombre de una lucha internacional contra el terrorismo.

Menos libertades y más seguridad son los núcleos de la agenda de Uribe que cree como propios. La Seguridad Democrática que propone el gobierno se aleja de la posibilidad de reconocer un conflicto interno y da paso a la lucha contra terroristas en el propio territorio, situándose en la corriente planteada por los halcones en Washington. Todo ello en desmedro de la democracia colombiana y a favor de la cosmovisión norteamericana. Como sugiere el filósofo colombiano Luis Restrepo, Colombia “ha llevado al extremo la tesis estadounidense según la cual el conflicto colombiano sería la principal amenaza para la región, y ha procurado que los gobiernos del continente declaren terroristas a la guerrilla” (Revista Nueva Sociedad Nº 192).

En definitiva, todo el contexto favorable y coyuntural esconde amplias directivas estructurales que son el deseo de convertir a Colombia en un satélite con privilegios inestimables como los que Estados Unidos ofrece a Israel. La comparación, un tanto apresurada y arbitraria pero no inverosímil, sólo sirve para debatir, en última instancia, sobre los procesos de integración en América Latina, la fragmentación política y el destino de una Patria Grande que podrá ser llevada a cabo el día en que las grandes líneas sean trazadas como una meta común.

 
Para no repetir el pasado

La cumbre de Unasur celebrada en Bariloche tuvo políticamente un avance: la discusión sobre las bases norteamericanas abrió un nuevo capítulo. Se puso en cuestión la presencia de los Estados Unidos en América del Sur de manera casi unánime. La presidenta Cristina Fernández pidió que se establezca un mecanismo que contribuya a la no permanencia de tropas ajenas a Suramérica en la región, que no repita el papel del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, cuando Argentina fue agredida por Reino Unido en 1982 por la Guerra de las Malvinas. Para llevar a cabo tal fin exhortó a los demás mandatarios a crear una doctrina común de defensa.

Monitoreo

El Comando Sur opera en 32 países. Opera en América Latina y el Caribe y es uno de los nueve comandos. Entrena a militares latinoamericanos mediante “programas conjuntos”, subcontrata a empresas privadas de mercenarios y evita de esta manera la utilización directa de las tropas norteamericanas. Las bases norteamericanas están ubicadas en 40 países. Con las siete bases instaladas en Colombia, Estados Unidos suma 872.

 

 

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