Por Luis Freitas

Actualmente, es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires y preside el Consejo Editorial de la revista Realidad Económica.

Basándose en su aquilatada experiencia, Giberti descree de las cifras de un estudio de la Federación Agraria Argentina, según el cual el stock ganadero nacional va camino de ser el más bajo de los últimos 45 años. Sin embargo, está convencido de que es necesario que el Gobierno desarrolle de una vez por todas “un programa económico a nivel nacional en el cual insertar los distintos planes sectoriales”. También asegura que “si el Estado deja totalmente libre el mercado, el precio de la carne se iría por las nubes, algo muy serio ya que pesa mucho en la alimentación popular”.

La revolución tecnológica que se dio sobre todo a partir de los ’90, ¿qué cambios provocó en la estructura productiva y social del sector agropecuario?
Antes, una cosecha mala o regular no tenía la incidencia financiera que tiene ahora. El gran avance tecnológico implicó un gran cambio en la estructura de los costos fijos de producción, que pasaron a tener una importancia muchísimo mayor. Porque antes de cosechar ya el agricultor debía haber realizado una fuerte inversión en semillas, agroquímicos, con independencia del resultado obtenido luego. Eso se acompañó lamentablemente en Argentina con un retiro del Estado de sus funciones específicas. El INTA prácticamente empezó a desatender su tarea de extensión, incluso dejó buena parte de la investigación en manos de la actividad privada. Así, el productor chico o mediano no podía obtener un asesoramiento propio, tenía dificultades para conseguir crédito. No podía afrontar el riesgo de mayores costos fijos. Eso hizo que se concentrara enormemente la producción, aún sin que se concentrara la propiedad de la tierra. Fue un cambio extraordinario que implicó prácticamente la eliminación del clásico chacarero medio.

Este retiro del Estado favoreció el desarrollo de los fondos de siembra. ¿Qué papel juegan estos hoy en día en la situación del campo?

Más o menos para tener una idea, en el caso de la soja el 20 por ciento de grandes productores aportan el 80 por ciento de la cosecha total. Son, en buena medida, fondos de siembra, actividades puramente especulativas que se constituyen alrededor de un negocio de corto plazo. Porque si al año siguiente el mismo no resulta rentable, se disuelve el fondo de siembra. Son entes ajenos a la localidad, trabajan con sus matrices que en general están en la Capital Federal o en alguna gran ciudad del interior, adonde transfieren sus ganancias. Buena parte de esos beneficios no pasa ni queda en los lugares donde se produce. A diferencia del chacarero, que está todos los años en la tierra y produce con precios altos y también con precios bajos.

En los últimos años la ganadería fue perdiendo terreno frente de la soja, que se quedó no solo con mayor cantidad de hectáreas sino también con los mejores suelos. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado para incentivar un aumento de la producción de ganado vacuno sin tener que subsidiar a sectores que no lo necesitan?

Sustituir las actividades que producen más por hectárea por sobre otras que producen menos resulta un proceso que en realidad es saludable. Si una tierra es apta para la agricultura es más conveniente hacer ahí siembra de granos que criar animales. El auge de la soja y otros granos ha provocado un desplazamiento de la ganadería que en cierta medida es conveniente y normal.  Lo que  no es conveniente es cuando ese desplazamiento se hace sobre tierras que no resisten una agricultura continua, de varios años, en vez de una agricultura de rotación con la ganadería. Eso ha hecho que una parte no despreciable de la superficie ganadera haya pasado a ser cultivada con granos.

Que una parte importante de ganado haya pasado a zonas extra pampeanas es un paso positivo. Ahora, ¿qué contrapartida debería tener esto? Se debería contrarrestar la menor superficie dedicada a la ganadería en la zona pampeana por una producción mejorada que aumente significativamente la parición. De esa manera, se puede ampliar notablemente la cantidad de animales. Ese es el rumbo que hay que buscar e incentivar a toda costa.

¿Es verdad -como afirman desde la oposición- que el gobierno carece de políticas activas hacia el sector y que las que se aplican están mal dirigidas, porque hasta ahora solo sirvieron para transferir una parte de su renta a otros eslabones de la cadena, como los matarifes y frigoríficos?  

Efectivamente, una de las falencias serias del gobierno es que carece de un programa económico a nivel nacional en el cual insertar los distintos planes sectoriales. Pero también es cierto que el sector agropecuario poco ha hecho para buscar y ofrecer planes integrales. Hace unos años, un grupo de técnicos de CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) dio a conocer un trabajo muy interesante en  el que estudiaba las ineficiencias en los distintos eslabones de la cadena cárnica. En la cría establecía que, sin mucha necesidad de cambios técnicos, podía pasarse de una parición del 62 por ciento de terneros respecto de vacas al 75 por ciento, lo cual representaba prácticamente un millón y medio de toneladas de carne. La conclusión final fue que corregir todas esas deficiencias -lo que no implicaba grandes cambios- equivalía a disminuir los costos a un peso con cincuenta, cuando el kilo de novillo estaba a 2,30. Ese trabajo fue presentado en un congreso y luego no se habló más, cuando podría ser la base de una política agropecuaria con efecto de corto plazo. Porque el aumento de las pariciones puede lograrse en buena medida de un año al otro. Si no lo pusieron en práctica, ni procuraron que el gobierno lo motorice, también son responsables de la actual situación.

En el corto plazo, ¿cabe esperar la vuelta de la veda...?

Pienso que va a ser inevitable establecer ciertas restricciones al consumo para permitir un crecimiento de las existencias. Me parece conveniente que el Estado tome las riendas de ese proceso para no dejarlo librado a las leyes del mercado, porque en este momento de crisis internacional el resultado sería lamentable para la economía nacional.

Durante el conflicto con el campo, ¿el único error que cometió el gobierno fue no explicar correctamente el rol de las retenciones y la magnitud de las ganancias, o debió plantear una segmentación que no afectara a los pequeños productores?

Las retenciones fueron lanzadas sin la consecuente explicación y luego cuando intentó modificarlas tampoco se lo hizo demasiado. Algo que resultaba esencial, porque es humano que una persona cualquiera -sea o no productor- se resista a ceder parte de sus ingresos, aunque estos sean extraordinarios como era el caso de la soja. Eso exige un trabajo serio de explicación y difusión del proceso que el Gobierno no hizo. Otro serio error fue que el Gobierno aceptó sentarse de igual a igual con las entidades del campo. El Gobierno no puede  decir que se sienta a concensuar, porque él representa los intereses generales del país y los productores representan intereses sectoriales. Al gobierno le corresponde tomar las medidas globales que beneficien no sólo a un sector económico. En cambio, aquí se aceptó que los productores agropecuarios exigieran que se consensuaran las medidas; vale decir, que si ellos no las aprobaban no se podían presentar. Ese enfoque no corresponde a un país medianamente bien organizado. Por eso hoy, tanto el gobierno como las entidades de productores siguen discutiendo si es conveniente, si hay rentabilidad o no, y ninguna de las partes presenta un estudio serio e integral. Tenemos que confiarnos en que un sector dice que no gana y el otro dice que gana demasiado.

Aplicar retenciones mayores a la soja que a otros cultivos de granos, ¿fomentaría la diversificación de estos cultivos, podría romper el monocultivo sin perjudicar al pequeño y mediano productor?

Sí, en realidad actualmente la soja, con la relación de precios que tiene, va a seguir desplazando a todos los demás cultivos y a otras actividades, en perjuicio de la conservación del suelo en varias zonas del país. Va rumbo a hacernos  caer en un monocultivo, hecho que económicamente para el país es muy peligroso. El precio internacional de la soja, que representa el grueso de los ingresos de exportación de la Argentina, es un problema muy serio. Ahí pueden cumplir un papel muy importante las retenciones diferenciales, no sólo por grano sino también por volumen de producción.

En los últimos tiempos mucho se ha hablado de la restauración de la Junta Nacional de Granos, ¿podría una entidad de este tipo asegurar una determinada rentabilidad al productor y constituirse en la estructura oficial de compra y venta al interior y exterior del país?

El problema es la concepción de las grandes políticas. El Estado debe tomar el control de la comercialización exterior de los granos, porque si no la actividad privada se torna en dueña y señora de la situación. Me parece lógico que el Estado intervenga como en otros tiempos con la Junta Nacional de Granos, que ponía en manos del gobierno los instrumentos necesarios para orientar los precios internos y externos. Incluso hay  algo que no se menciona y es que hace unos años la Junta Nacional de Granos dio a publicidad una serie de cifras, con las cuales demostraba cómo las exportaciones reguladas por ella tenían un precio muy superior a la que lograban los exportadores privados, que siempre se jactaron de su eficiencia. Si la memoria no me falla, en el caso del arroz era casi el doble.